Galán le pide al juez que le retire del «caso Villarejo» como a Brufau y Fainé

Después de que el juez decidiese la semana pasada sacar del «caso Villarejo» al expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, y al presidente de Repsol, Antonio Brufau, la defensa del máximo responsable de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha presentado un escrito ante el juez en el que pide su desimputación.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, se basa en los «acertadísimos planteamientos jurídicos» que llevaron al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a archivar la causa para Fainé y Brufau porque entiende que esos razonamientos son de «palmaria» aplicación en el caso también de Galán.

Y es que el jueves pasado, el juez concluyó en la línea de investigación de los supuestos encargos de espionaje pagados al comisario José Manuel Villarejo, que Repsol y Caixabank «no recaían en el ámbito de control de sus presidentes, sino en el de sus directores de seguridad». Por ello, señaló que «sin indicios que apunten a que Brufau y Fainé interviniesen de manera directa, no es posible transferirles una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada». Así, el escrito apuntaba que no había responsabilidad objetiva por razón del cargo.

Y a eso es a lo que se acoge la defensa de Galán para pedir su desimputación. Además, se refieren a otra frase del escrito del juez en el caso de los otros dos presidentes retirados del caso, sobre la necesidad de considerar «el perjuicio causado a una compañía por la imputación de su presidente», con el objetivo de que el juez considere también el impacto que la causa sobre Galán ha tenido en la empresa eléctrica: «La incidencia negativa que tal hecho ha generado en Iberdrola ofrece una traducción económica -objetivamente verificable y, por ende, demostrable- de varios miles de millones de euros», expone su defensa.

Incluso argumentan que los delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental que se le imputan a Galán habrían prescrito porque son previos al 2009, pero el juez no lo tuvo en cuenta al citarle con el criterio de que eran delitos continuados con una relación estable y sostenida en el tiempo entre Iberdrola y Cenyt, propiedad del ahora comisario jubilado. «Las únicas relaciones comerciales existentes entre Iberdrola con Cenyt son las que se hallan reflejadas en las 17 facturas emitidas por esta última mercantil», dice la defensa, apostillando que «la inexistencia de facturación adicional demuestra, en este sentido, la irrealidad de la 'iguala' o de la relación estable» entre las dos empresas.