Ribera promete una tarifa eléctrica estable, pero no le pone fecha

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció este lunes en comisión para dar explicaciones sobre lo que va a hacer el Gobierno para evitar que la escalada de precios en el mercado mayorista de electricidad (que este martes marca otro máximo diario histórico, con 130,52 euros el megavatio hora, y cierra un mes de récord) arruine la economía doméstica de los consumidores. Y la fórmula que tiene más visos de prosperar, aunque aún no tiene fecha, es desvincular la factura de la luz de la evolución directa de ese mercado tan volátil y que arroja cifras que multiplican por tres las anotadas hace un año. ¿Cómo? Creando una tarifa que se establecería a partir de una «cesta de indicadores más estables». Ribera no dijo cuáles serán esas referencias, pues todavía está en estudio, reconoció. Aunque ya avisó de que esa mayor seguridad que proporcionará un precio eléctrico estable tendrá un coste y será, por tanto, un poco más elevado. Es lo mismo que ocurre con los contratos que ofrecen las comercializadoras de mercado libre: una tarifa estable, pero más cara que la vinculada al mercado, que sube y baja como una noria y, con él, el recibo de la luz.

Mientras esa medida, propuesta por las organizaciones de consumidores y también por algunas empresas del sector no llega, toca prepararse para pagar más. La propia Ribera presentó cálculos realizados por el ministerio sobre el importe de una factura de una familia tipo en España con contrato en el mercado regulado: en el 2018, 598 euros anuales; al año siguiente, 562; en el 2020, 512, efecto de la pandemia y la fuerte contracción del consumo; y la previsión para este 2021 apunta a 644 euros. O sea, un 26 % más que el pasado ejercicio; y un 14,5 % por encima de lo que se pagó en el 2019, por comparar con un año sin distorsiones derivadas de una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

La ministra no le restó importancia a ese incremento para los consumidores domésticos, pero resaltó que la factura no se está encareciendo al ritmo que lo está haciendo el mercado al por mayor, que se ha triplicado en agosto; o el precio del gas natural, cinco veces y media más alto que un año antes, destacó. Sin embargo, admitió que el Ejecutivo está preocupado por el nivel que están alcanzado las cotizaciones del megavatio hora y por el hecho de que no reflejen todavía la incorporación paulatina de tecnologías renovables, con costes operativos más baratos, y por que los consumidores miren, por tanto, con desconfianza hacia la transición energética en la que anda embarcada España y toda Europa.

Jarro de agua fría a Podemos

La ministra lanzó un jarro de agua fría sobre sus socios de Gobierno. Unidas Podemos propuso intervenir el mercado estableciendo precios máximos y excluyendo de las cotizaciones a las centrales hidráulicas y las nucleares. Pero Ribera fue rotunda. Son dos de las cuatro líneas rojas «que no podemos cruzar» porque están marcadas por la Comisión Europea y «jamás vamos a impulsar la adopción de medidas frontalmente contrarias al derecho comunitario».

«Jamás vamos a impulsar la adopción de medidas frontalmente contrarias al derecho comunitario»

Aunque sí avanzó que el Gobierno tiene margen para actuar. De hecho, el Congreso tramita dos proyectos de ley, uno de ellos para recortar ingresos a las empresas hidráulicas y nucleares a posteriori de las transacciones en mercado «para devolver al consumidor parte de los beneficios» que reciben de más por sus operaciones. ¿Por qué? Porque todas las centrales cobran el precio que marca la última tecnología en vender su producto, que siempre es la más cara. Es el sistema marginalista que Bruselas tampoco deja que se toque y que favorece a las centrales con menos costes operativos. La creación de ese denominado dividendo de carbono aportará unos 600 millones anuales a las arcas del sistema eléctrico, que se dedicarán a reducir costes que ahora se cargan en la factura doméstica. Además, el recibo adelgazará también cuando se quiten de él las primas a las renovables, 6.000 millones anuales, que se repartirán entre todos los sectores energéticos, a través del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Entre esto y el dividendo de carbono, Ribera confía en reducir la factura un 15 %, pero dentro de cinco años.

Cero empatía de las hidráulicas

La hidráulica será una de las grandes afectadas por el dividendo de carbono. Ribera fue especialmente crítica y dura con estas compañías. Esta tecnología, con costes operativos pequeños, pues no tiene que comprar el combustible o derechos de emisión de dióxido de carbono, marcó precio a todas las demás —o sea, fue la que presentó la oferta más cara, pero era necesaria para satisfacer las previsiones de demanda— durante el 59 % de las horas de agosto, el 64 % de las de julio y el 65 % en junio. La ministra manifestó que la normativa comunitaria les permite internalizar ese coste de oportunidad —ofrecen caro, casi a precio de gas, cuando saben que van a ser necesarias— y que el vaciado «escandaloso» de embalses para acelerar el ritmo de producción puede entrar dentro de las condiciones de las concesiones, pero «sin ambages, no es razonable de ninguna manera».

«Las compañías eléctricas demostraron una gran empatía social durante el confinamiento, pero aquí no se ha mostrado ninguna empatía social, en absoluto». Ribera añadió: «Confío en que este comportamiento sea corregido». Avanzó que endurecerán las condiciones de explotación de las concesiones para evitar que se repitan esos vaciados.

El PP pidió la dimisión de Ribera por el escándalo de la luz. La ministra avanzó que acepta crear una comisión parlamentaria que analice los precios.

El conflicto por el gasoducto de Marruecos y Argelia tensiona el precio del gas, causante de la crisis

La subida del precio de la luz en plena recuperación económica está marcada sobre todo por el encarecimiento de los costes de los derechos de CO2 y del gas. Los primeros superan los 55 euros por tonelada (20 más que a principios de año); el segundo anda por 50 por megavatio, según datos del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), diez veces más que en agosto del año pasado.

Este fuerte incremento del combustible utilizado por los ciclos combinados se debe, fundamentalmente, a la caída del suministro del gasoducto de Rusia y a las menores importaciones de gas natural licuado a Europa por una demanda asiática avivada por la recuperación económica, que está absorbiendo toda la producción mundial, según explica Juan Antonio Martínez, analista del grupo asesor energético ASE.

El gas tiene buena parte de la culpa de la crisis de precios que están registrando los mercados europeos, no solo el español. Para producir un megavatio de electricidad se necesitan dos de gas, y si este sube 40 euros, la luz lo hará el doble. Así, el experto analiza que si el megavatio hora cuesta 125 euros, alrededor de 85 provienen del alto precio del gas.

Pero a los problemas de gas de Rusia y la fuerte demanda de Asia se ha sumado la preocupación por el suministro a través del gasoducto Marruecos-España como consecuencia de la ruptura diplomática entre Marruecos y Argelia por el conflicto del Sáhara Occidental. Los expertos aseguran que ha sido muy mal momento para ello ya que estaban en medio de las negociaciones entre ambos países y Naturgy por la renovación del contrato del gasoducto Magreb-Europa (GME) que expira el 31 de octubre, tras 25 años de vigencia.

Pese a ser una vía de entrada principal del gas consumido en España, el suministro se puede compensar con la llegada a través de las tuberías submarinas de Medgaz, que van directamente de Argelia a Almería.

El ministro de Energía argelino, Mohamed Arkab, declaró hace pocos días a la agencia APS que España tiene el «compromiso total» de su país de cubrir todos los suministros de gas natural a través del Medgaz.

Naturgy es la propietaria de esta infraestructura y en julio firmó con la compañía argelina Sonatrach una ampliación de la tubería. Alcanzará los 10.000 millones de metros cúbicos al año gracias a la instalación de un cuarto tubo compresor. La inversión de 73 millones tiene como objetivo canalizar el 25 % del gas natural que se consume en España.