El Gobierno propone subir el salario de los funcionarios un 2% para el 2022

Choque entre el Gobierno y los sindicatos a cuenta de la revisión salarial de los más de 3,4 millones de empleados públicos para el próximo año. En la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, celebrada este martes para abordar la subida que se incluirá en los inminentes Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ejecutivo puso sobre la mesa un alza retributiva del 2 %. La cuantía mejora sustancialmente la revalorización que se le aplicó al colectivo en este 2021, idéntica a la de los pensionistas. De hecho, supone más del doble del 0,9 % de la última subida. Pero, en un contexto de inflación desbocada (según los datos provisionales de septiembre, el IPC ha escalado hasta el 4 %), resulta insuficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

Así lo consideran los sindicatos, convocados ayer por el Gobierno, junto a las comunidades autónomas. Rechazan frontalmente un alza que, como señaló UGT, «ahonda en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos», y que «no está a la altura de la dedicación» que el sector público ha mostrado durante la pandemia. En idéntico sentido, desde CC.OO. criticaron la postura del Ejecutivo, al que acusan de ignorar sus reivindicaciones de «volver al camino de la recuperación del poder adquisitivo» del colectivo.

Críticas a la falta de negociación

De hecho, Comisiones Obreras ni acudió a la reunión, por considerarla una farsa: su convocatoria urgente «y sin ninguna documentación» revela que el Gobierno «entiende la negociación como un mero trámite, preceptivo por ley, justo antes de la aprobación del proyecto de ley de PGE». El sindicato lo ve como un «desaire» a la negociación colectiva en las Administraciones públicas, «inadmisible» en una sociedad democrática.

Según el compromiso remitido por el Ejecutivo a Bruselas, los salarios de los empleados públicos crecerán según el IPC hasta el 2024. La previsión es que este año la inflación cierre en torno al 2,5 %, aunque el precio disparado de la electricidad, el gas y los combustibles —sin visos de moderación a corto plazo— amenaza con auparla por encima de esa tasa.

Y eso es lo que preocupa a los sindicatos, porque la propuesta del Gobierno, basada en la previsión de inflación del próximo año (el Banco de España la estima en el 2 %) no prevé compensarles la desviación sufrida este año, pese a que los precios han subido prácticamente el triple que sus sueldos, con una nueva erosión de su capacidad de compra.

Recuperar el poder de compra

Las organizaciones de trabajadores subrayan que los empleados públicos ya padecieron en la última década —debido a la anterior crisis— una reducción de más de diez puntos porcentuales en su poder adquisitivo, y temen que aún se agrande más este año y el próximo, dada la evolución reciente de los precios.

Desde CC.OO. le recuerdan al Gobierno que la negociación sindical «dio sus frutos» y se recuperaron cuatro puntos de poder de compra en los tres años de vigencia del último acuerdo.

Por ello defienden un incremento «por encima del 3,5 % en el 2022, con cláusula de garantía salarial» para evitar volver este año y el próximo a la pérdida de poder adquisitivo. CSIF también aboga por que los salarios del colectivo suban el IPC más punto y medio, para compensar la potencial desviación del 2021 y enjugar los recortes pasados.

«No podemos entender cómo el Gobierno insiste en viejas políticas de imposiciones a los trabajadores y trabajadoras que garantizamos los derechos de ciudadanía con los servicios públicos, y que además implican una caída de la demanda interna, responsable de los malos resultados de nuestro PIB. Se trata, en definitiva, de políticas injustas con las personas e ineficaces para la recuperación económica», insiste el sindicato de Unai Sordo, que anuncia que pelearán por doblar el brazo del Ejecutivo durante el trámite parlamentario del proyecto de ley de PGE.

Una lectura diferente hizo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que la subida del 2 % es «considerable» y que, sumada a la de años anteriores, representa una «recuperación de su poder adquisitivo»: 3,7 puntos desde que Sánchez es presidente.

Reposición de vacantes

En cualquier caso, la salarial no es la única crítica. El Ejecutivo también ha planteado una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 105 %, que subirá al 115 % en sectores prioritarios y al 120 % en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la administración local. La Xunta lamentó la negativa del Gobierno a eliminar las tasas de reposición, algo que lleva tiempo reclamando sin éxito. Facenda, sin embargo, valoró positivamente que los dispositivos contra incendios sí hayan quedado eximidos de dichos límites.

«A sua convocatoria de prazas estará condicionada unicamente pola suficiencia financeira de cada comunidade. Non hai xustificación para que esta medida se limite a este sector e non alcance ao resto de persoal que presta servizos básicos como a sanidade, a educación e os servizos sociais, especialmente nas comunidades que cumpren coa consolidación fiscal», señaló la consellería.