Control de alquileres y subidas fiscales para desbloquear los Presupuestos

Ya hay fumata blanca para los Presupuestos Generales del Estado. Tras semanas de tiras y aflojas, PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que componen el Gobierno de coalición, alcanzaron este martes un acuerdo sobre el borrador de las cuentas públicas para el año que viene, que se aprobará el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario para luego iniciar su tramitación parlamentaria, con la intención de que pueda estar aprobado antes de final de año.

El pacto está condicionado a la aprobación de la primera ley estatal de vivienda de la democracia, que incluirá medidas para el control de los precios del alquiler, el mismo requisito que ya había impuesto Podemos el año pasado y que se ha ido postergando. Aunque ahora parece que la regulación sí es inminente, según anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que apuntó que la norma verá la luz en pocas semanas.

Estas son las claves del acuerdo alcanzado.

Incentivos fiscales a los pequeños propietarios y bajadas obligatorias para los grandes fondos

A la hora de intentar forzar la rebaja de los alquileres, la nueva norma diferenciará entre los pequeños tenedores (aquellos con menos de diez propiedades, generalmente personas particulares) y los grandes (principalmente fondos de inversión y otras empresas). Para los primeros, se establecerá una congelación de precios en las zonas declaradas como tensionadas, y se aprobarán incentivos fiscales que permitirán no tributar por hasta el 90 % de las ganancias si se rebajan las rentas a los inquilinos. A los segundos se les retirarán los «privilegios fiscales» (como los calificaban en Podemos) y se les impondrán por ley ajustes de precios para adecuarlos a los índices de referencia en cada zona tensionada.

Aunque falta por conocer el detalle de la norma, todo apunta que el Gobierno, en esa estrategia del palo y la zanahoria, se ha reservado esta última, dejando las medidas menos amables a otras Administraciones. Y es que serán las comunidades autónomas las que tendrán que solicitar la declaración de zona tensionada del alquiler, un paso imprescindible para poder regular los precios.

Y lo mismo ocurrirá con el impuesto sobre las viviendas vacías, la otra gran demanda de Podemos, que finalmente se articulará como un recargo de hasta el 150 % en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Aunque la ley creará esa penalización fiscal a los propietarios de pisos y casas que lleven desocupados «un tiempo prolongado», según avanzó el ministro Bolaños, serán los ayuntamientos los que tendrán que decidir si aplican o no el recargo, puesto que se trata de un impuesto cedido.

Por lo tanto, además de descargar en otras Administraciones las medidas más impopulares, también deja en manos de estas la eficacia de la ley a la hora de controlar los alquileres.

Un bono de 250 euros al mes para la emancipación de los jóvenes

La otra gran medida incluida en la futura ley de vivienda consistirá en un bono mensual de 250 euros para ayudar con el alquiler a los jóvenes con rentas más bajas y anticipar la edad de emancipación en España, tal y como anunció el presidente del Gobierno. La ayuda estará disponible para aquellas personas entre 18 y 35 años cuyos ingresos anuales no superen los 23.725 euros. Se concederá por un período de dos años, por lo que la cuantía máxima a percibir será de 6.000 euros.

Aunque ese es el escenario general, en el caso de las familias más vulnerables, el bono podrá completarse con más ayudas directas hasta cubrir un máximo del 40 % del coste de la vivienda.

Además de estas subvenciones, la futura ley de vivienda apostará también por incentivar el parque público de alquiler, incluyendo una obligación de reservar el 30 % de todas las promociones para vivienda protegida. De esa cifra, la mitad deberá ser destinada a arrendamiento social.

Un guiño a la nueva fiscalidad internacional con el tipo mínimo en sociedades

En materia tributaria, el Gobierno anunció ayer que los Presupuestos para el año que viene establecerán un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades, en línea con los acuerdos internacionales alcanzados por la OCDE, el G20 y la UE para incrementar la contribución fiscal de las empresas. Actualmente, el tipo nominal del impuesto se encuentra en el 25 % (30 % para banca y petroleras), aunque hay un puñado de grandes grupos, unas 56 multinacionales españolas, que tributan menos del 15 % de lo que ingresan. De hecho, hay 20 compañías que abonan un tipo efectivo medio inferior al 2 %.

En este caso no había discrepancias entre PSOE y Podemos sobre el fondo de la medida, solo sobre el calendario. Mientras los socialistas pretendían esperar a que se pronunciase la comisión de expertos para la reforma fiscal y aprobar todos los cambios tributarios en bloque, los morados reclamaron incluir en las cuentas una primera piedra de esa reforma tributaria, con el argumento de que es preciso elevar la recaudación para sufragar el incremento del gasto social y favorecer una salida de la crisis que no perjudique a quien menos tenga.

En el aire estaban otros cambios solicitados por Podemos en el IRPF o en el IVA de peluquería y clínicas veterinarias, sobre los que Bolaños no ofreció aclaración alguna, remitiéndose a la comparecencia que dará el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella se despejará también si finalmente se ha aceptado la demanda de Podemos de aumentar los permisos de maternidad y paternidad (actualmente en 16 semanas) y ampliar el cheque bebé para que puedan solicitarlo también las mujeres que estén en paro.

25.000 millones de los fondos comunitarios

En el capítulo de los ingresos, el Gobierno avanzó este martes que las cuentas públicas del año que viene recogerán una partida de 25.000 millones de euros correspondientes a los futuros desembolsos del fondo europeo de reconstrucción y que tendrán que servir, apuntó Bolaños, para «fortalecer la economía y hacerla más sólida y sostenible».

Será la segunda anualidad del Next Generation que se incorporará a las cuentas públicas, tras una primera inyección de 27.000 millones incluida en los Presupuestos de este ejercicio, aunque las autoridades comunitarias no realizaron el primer desembolso, por importe de 9.000 millones, hasta el pasado mes de agosto.

La CEOE critica la «distorsión brutal» del derecho a la propiedad

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aseguró este martes que la ley de vivienda pactada entre PSOE y Podemos supone una «distorsión brutal» de la libertad y del derecho a la propiedad. En declaraciones a los medios tras participar en el foro South Summit, el líder de los empresarios censuró que esta ley «infiere directamente contra la propiedad privada» y afecta a «España, a la gente que ahorra y que tiene propiedades».

«Estamos hablando de que las empresas y las personas tienen derecho a ahorrar y que el Estado entre ahora en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es un distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad», clamó.

Aunque matizó que hay que esperar a ver la redacción final de la norma, Garamendi ve «mala» esta regulación del mercado del alquiler y critica que «poco tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado». Además, recordó que medidas similares ya han sido aplicadas en otros países como Alemania «y no han funcionado».

En la misma línea se manifestó el presidente de la Federación Gallega de Inmobiliarias, Benito Iglesias, que incluso cuestiona la constitucionalidad de la futura norma. Y avanza que, en una comunidad como la gallega, «con más de 330.000 viviendas vacías, va a crear un enorme problema».

Montero llevará las cuentas al Congreso la semana que viene

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, avanzó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022 entrará en el Congreso de los Diputados la próxima semana. En declaraciones a los medios en el Senado, Montero celebró el acuerdo cerrado en el seno del Gobierno de coalición sobre las cuentas públicas, que se aprobarán este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, una vez superado el «escollo» en la ley de vivienda.

«Será cuestión de ponernos de acuerdo con la agenda de la señora Batet [la presidenta del Congreso], será la semana que viene», afirmó la ministra de Hacienda, quien también confirmó que el tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades se aplicará sobre la base imponible.