Bruselas deja en manos de los Estados las medidas para abaratar la luz

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, lanza este miércoles el plan de acción rápida para paliar los efectos de la escalada en la factura de la electricidad. Tal y como ya avanzó la pasada semana en la Eurocámara, la política estonia no firmará un texto audaz sino una guía para que los Gobiernos de la UE aborden el problema sin abrir grietas en el mercado único; medidas que pivotan sobre una mayor flexibilidad para conceder ayudas directas que palíen los riesgos de pobreza energética (para los consumidores más vulnerables) y también a las empresas que más estén acusando el desboque.

El borrador que circula desde hace días en Bruselas viene a confirmar que, al menos en lo que se refiere a la acción inmediata, la Comisión va a animar a los Estados a que utilicen todas las herramientas ya existentes. Y eso incluye, además de las coberturas mencionadas, también exenciones fiscales, tipos reducidos, agilizar la transferencias de fondos para ayudar en la transición energética o derivar las cargas al marco fiscal general. Muchas de ellas ya habían sido esbozadas por Simson y medios internacionales como Bloomberg confirman que figuran en un bosquejo que podría variar. Más aún si se tiene en cuenta que la escalada de precios (que se augura se mantendrá al menos todo el primer trimestre del 2022) se ha convertido en asunto con el que hilar muy fino. Por la presión de muchos socios y por otros frentes colaterales abiertos: contra el Pacto Verde (Hungría echa la culpa a ese plan medular de la Comisión Europea) y entre los dos grandes (Francia y Alemania). El primero lidera un bloque de socios que quieren colocarle una etiqueta Green a las atómicas y el segundo no está dispuesto a pasar por el aro. Con la presentación este miércoles de esa tool box o caja de herramientas, Bruselas concretará más ese calendario de eventuales iniciativas a medio y largo plazo como la compra colectiva de gas para crear una reserva energética. Y aunque refrendará su compromiso de vigilar el mercado, no se espera nada tangible (salvo sorpresas) acerca de la posibilidad de disociar los precios de gas y electricidad. Aunque sea de forma coyuntural. 

Reunión en España

Ya en casa, y cuando apenas restan 24 horas para que el Congreso valide el decreto ley aprobado por el Gobierno a mediados de septiembre para amortiguar la subida de la luz, el Ejecutivo insiste en que no es momento de introducir ningún cambio en el texto que recorta, como mínimo, 2.600 millones de euros en ingresos a las eléctricas. A medida que han avanzado los últimos días, la tensión entre el propio Gobierno y las compañías del sector se ha hecho patente. La cara más visible de ese descontento con el decreto que salió de la Moncloa hace ahora un mes es el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. El ejecutivo ha llegado a tachar de «terrorismo legislativo» esa norma por la minoración de los ingresos que perciben las empresas, incrementados por el alza del coste del gas, de la que, según el Ejecutivo, se benefician indirectamente de forma millonaria. Galán será, junto al presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el último ejecutivo del sector que se reúna este miércoles con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.