Bruselas desdeña el plan español para reformar el mercado eléctrico

El Gobierno presionó, Bruselas le dio calabazas y Madrid volvió a atemperar. Es la secuencia más básica de lo que este martes se vivió durante un puñado de horas en Luxemburgo, en esa reunión extraordinaria de ministros de Energía que volvía a darle vueltas a la escalada de los precios de la luz. Quizás se habían generado demasiadas expectativas. Porque, debate al margen, dejó las cosas como estaban.

La cuestión es que España llegaba a la cita ministerial con una petición muy concreta: que «en situaciones excepcionales» (la actual lo es) un país pueda salirse del sistema de precios común, que vincula los de gas y electricidad, para diseñarlo conforme a sus especificidades.

En apariencia, un 'a mi manera' que chirriaba ya en la redacción textual del documento que aportaba el Gobierno: «Los Estados miembros deben poder adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas (combinación, recursos, nivel de interconexiones)».

España proponía además una reformulación del actual mercado. Con dos ideas. La primera, que el precio de la electricidad se establezca en base a una especie de media ponderada entre el precio del gas (hoy por las nubes) y el de las energías renovables, mucho más baratas. Una operación matemática con la variable «marginalista» y las «inframarginales» que permitiría obtener un precio final más bajo en la factura. Pero que, para mayor seguridad, iría acompañada de la fijación de un tope máximo al coste del gas (la segunda idea).

Ese «desacoplamiento de los precios del mercado eléctrico», como anunciaba el texto, ya llegaba cortocircuitado a ese Consejo de Ministros europeo. Porque Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Países Bajos habían dejado claro en una declaración conjunta la víspera que no apoyarían «ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interior de gas y electricidad, por ejemplo una reforma ad hoc del mercado mayorista de la electricidad».

Así que el plan español aportaba una posible derivada:se asume que no habrá solución europea. Pero, esto, de momento, solo es una conjetura.

Tiempo al tiempo. Y, ¿qué dijo Bruselas? Pues pareció comulgar con las tesis de esa alianza del no. La comisaria de Energía, Kadri Simson, comparecía tras el consejo para hablar de los «riesgos» del plan español, de la gestación de «mercados paralelos». Y de su potencial afección «a la predictibilidad del mercado». «El modelo actual garantiza que casan oferta y demanda en todo momento y eso es importante para garantizar el suministro», añadía.

Simplificando: no la consideraba «mejor» que la que tenemos. «No está claro cómo un sistema en el que los precios son diferentes para las distintas fuentes de energía funcionaría en la práctica y si sería una mejor alternativa al actual diseño del mercado de la electricidad».

No era un portazo literal, pero sí implícito

Conocida esa respuesta de la Comisión Europea, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que encabezó la delegación en Luxemburgo en ausencia de la ministra Teresa Rivera, era cuestionada insistentemente sobre si España llegaría a aplicar esa suerte de electrexit. Su respuesta: «Ha sido una petición para (que pudiera aplicarse) en todos los estados miembros, no solo en España. España pone como prioridad, antes de buscar una segunda opción, que Europa reaccione a esta propuesta».

Difícil que cambien las tornas. En cualquier caso lo que queda por delante son más discusiones. Y la convicción de que nadie moverá ficha hasta que, a mediados de noviembre, no se conozca el diagnóstico encargado por Bruselas a varios reguladores europeos sobre el funcionamiento de los mercados eléctrico, de gas y el de emisiones de CO2. Después la pelota volverá a la mesa de los líderes en la cumbre programada para el 16 y 17 de diciembre.