El Gobierno quiere subir las cotizaciones para alimentar la hucha de las pensiones

Más jubilados, menos trabajadores y una hucha de las pensiones esquilmada. Es el escenario que le espera a España en la próxima década. Una pesadilla para quien está a cargo de hacer sostenible el sistema, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien estaría sopesando subir las cotizaciones sociales de los trabajadores para alimentar el Fondo de Reserva con el que se pagan las prestaciones de los pensionistas, según confirmaron este martes fuentes de su Ministerio a Europa Press.

Esta sería solo una de las dos medidas que el ministro estaría negociando con los agentes sociales y el Pacto de Toledo —donde los partidos políticos tienen representantes—, para garantizar que la hucha no se agotará cuando las primeras remesas de baby boomers empiecen a retirarse del mercado laboral dentro de un año. Se trata de una cohorte muy numerosa de trabajadores con salarios más altos que la media, por lo que la carga en las próximas décadas para el sistema —debilitado por la baja aportación de los trabajadores más jóvenes, con salarios más precarios, y por el desvío de los fondos para otras partidas durante la crisis—, será mayor.

¿En qué se traduce esta subida de las cotizaciones? El Gobierno quiere que tanto empresarios como trabajadores aumenten sus contribuciones en 140 euros anuales —14 pagas— por cada empleado con un salario medio (1.900 euros) a partir del 2023. Eso supondría retirar cinco euros al mes al trabajador y cinco a la empresa. La contribución sería inferior para quienes ganan menos. La subida de la cotización para los empleados mileuristas se limitaría a los cinco euros —2,5 euros a partes iguales—. Eso sí, para sortear las reticencias de los agentes sociales, el Ejecutivo plantea que este aumento de las contribuciones sea temporal: se extendería 10 años, hasta el 2033, según El País. Con esta medida espera recaudar unos 1.000 millones de euros adicionales cada año que, sumados a los 2.138 que le quedan a la hucha —de los 66.815 millones que llegó a tener— serían suficientes, según sus cálculos para contener la entrada masiva de pensionistas en la próxima década.

Nuevos incrementos

¿Qué hay de la segunda pata de este Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha diseñado Escrivá para garantizar las pensiones? En caso de que el país logre seguir la senda de gasto previsto en pensiones, se podrán devolver estas aportaciones extraordinarias en forma de cotizaciones más bajas o pensiones de mayor cuantía en el futuro. Eso sí, si la medida es insuficiente y España se desvía de la senda de sostenibilidad, el Ejecutivo planea introducir nuevas correcciones. En otras palabras: o subir de nuevo las cotizaciones —hasta un máximo del 0,4 % del PIB anual— o recortar de forma directa o indirecta las pensiones. Todo dependerá de los resultados que arrojen los exámenes trianuales que se harán desde el 2032 para examinar el grado de cumplimiento de la senda de sostenibilidad del sistema de pensiones hacia el año 2050. Si el gasto no se acompasa con el equilibrio entre masa pensionista y laboral, el Gobierno se compromete a revisar todo el sistema e introducir cambios en cualquiera de sus factores como la edad de jubilación —posibles alzas—, los incentivos para alargar la vida laboral, las prejubilaciones y hasta el período de cálculo de las pensiones.

Negociación

Todavía está por ver si el Gobierno es capaz de llegar a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios en las próximas dos semanas. Es el plazo del que dispone Escrivá para sacar adelante el plan. En la reunión de este martes, la mesa de diálogo social se despidió sin acuerdo alguno y con el compromiso de retomar las conversaciones el lunes 8 de noviembre. A los representantes de los trabajadores no les convence la idea de abrazar un mecanismo que contemple posibles recortes de las prestaciones y la patronal no quiere que la resurrección de la hucha de las pensiones corra a cargo de los empresarios.

En cualquier caso, la reforma del sistema de pensiones debe quedar lista antes de fin de año. Se trata de un compromiso que adquirió el Gobierno con la Comisión Europea de cara al desembolso de las ayudas del Next Generation EU. La institución europea lleva años lanzando señales de alerta al país por la rapidez con la que ha consumido los ahorros del Fondo de Reserva y el desafío que tiene por delante para garantizar que el mercado laboral es capaz de atender la colosal demanda de los pensionistas que vienen.

La revalorización corre a cuenta de los trabajadores

La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez aterriza en la mesa del diálogo social apenas tres semanas después de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que blindan el poder adquisitivo de los pensionistas con subidas parejas las que experimente la inflación (IPC), a pesar de las malas perspectivas que se ciernen sobre el sistema de pensiones.

Esa decisión, que de seguro podría granjearle apoyos y votos entre ese amplio colectivo, contradice los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Bruselas ha cuestionado en múltiples ocasiones el empeño del Gobierno español en revalorizar las pensiones sin garantizar antes la sostenibilidad del sistema, esto es, buscar un equilibrio entre las fuentes de ingresos a la hucha y los gastos que se puede permitir el país para atender las demandas de sus jubilados. Las cuentas no le salen al Ejecutivo comunitario que, en sus últimas recomendaciones, ha instado a España a contener el gasto corriente en este tipo de partidas.

En los cuarteles de la capital europea aguardan desde hace meses los detalles del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que deberá sustituir al Factor de Sostenibilidad, introducido en la reforma de las pensiones del 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, para adecuar el cobro de las pensiones a la esperanza de vida a partir del 1 de enero del 2019.

El Factor de Sostenibilidad se cargaba sobre los hombros de los pensionistas —quienes perciben en la actualidad 1,74 euros por cada euro cotizado—, pero el MEI correrá a cuenta de los trabajadores. Serán los empleados, cada vez más escasos, los que deberán garantizar el cobro —y la revalorización— de las prestaciones de los jubilados españoles.

Aunque en España todavía hay dos trabajadores por cada pensionista, esa tasa empeorará con la retirada de los baby boomers. Si el país cuenta hoy con casi nueve millones de jubilados, esta cifra ascenderá a los 15 millones en el 2048, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).