La Audiencia Nacional autoriza que Alu Ibérica entre en concurso de acreedores

La Audiencia Nacional ha autorizado al administrador judicial de la empresa Alu Ibérica a que solicite el concurso voluntario de acreedores. Esa sociedad es bajo que la operan las antiguas fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés, que suman medio millar de trabajares, vendidas por Alcoa en el verano del 2019 al fondo de inversión suizo Parter. Este las revendió pocos meses después al grupo industrial Riesgo, apartado de la gestión a finales de julio pasado por la propia Audiencia Nacional por los indicios de descapitalización en las sucesivas operaciones de venta.

En un auto fechado el martes pasado, al que tuvo acceso Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, explica que «procede autorizar al administrador judicial para que solicite ante los juzgados de lo mercantil competentes la correspondiente declaración judicial de concurso voluntario de acreedores de las entidades». Según señala, esta medida se advierte como «la única vía adecuada para protección del patrimonio, así como de los derechos de trabajadores y resto de acreedores de las mismas, con la seguridad jurídica que proporciona el procedimiento concursal y bajo la tutela del juez del concurso».

La instructora apartó a Riesgo y designó un administrador judicial para que en plazo de dos meses emitiera un «informe sobre la situación respecto de la solvencia financiera real de las sociedades». A la vista del informe presentado, se le requirió al administrador judicial para que emitiera un nuevo texto formulando posibles propuestas de actuación que, «ante la crítica situación económica-financiera» que describía, permitieran «la mejor salvaguarda de los derechos de los trabajadores, acreedores y cualquier otro perjudicado por los hechos investigados, así como el aseguramiento del patrimonio de las sociedades».

Investigación en marcha

Alu Ibérica está bajo administración judicial desde mayo a raíz de una investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre las dos operaciones de venta de las fábricas. Esta se inició a instancias del sindicato Confederación de Cuadros Profesionales, que presentó una querella contra diez personas físicas y nueve jurídicas (entre ellas, Parter, Riesgo y Alcoa) por estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

En marzo, la jueza ordenó a la policía que registrase las plantas y que detuviese a cuatro personas vinculadas con Riesgo, que quedaron en libertad con cargos.

En octubre pasado, ordenó a los directivos imputados devolver trece millones de euros que pidieron prestados con cargo a las propias fábricas para pagarle a Parter. El fondo suizo le pagó un euro a Alcoa por los activos.

La multinacional del aluminio defiende que vendió las plantas bajo la supervisión de los Gobiernos central y autonómicos y de los trabajadores.