Los sindicatos se abren a moderar el alza salarial y a distribuirla en hasta tres años

Frente a las llamadas a la moderación salarial que en las últimas semanas han hecho no solo las patronales, sino también el presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, los sindicatos dejaron claro este lunes que no están dispuestos a que los trabajadores «paguen el pato» de la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, en palabras del secretario general de CC.OO., Unai Sordo.

Los agentes sociales fueron convocados a la Moncloa a una reunión para poner las bases del pacto de rentas propuesto por Sánchez para minimizar los efectos económicos de la invasión, que ya se están empezando a apreciar en el precio del combustible y la tarifa de la luz, y que amenazan con disparar la inflación por encima de los dos dígitos. En ese contexto, tanto Sordo como su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, se mostraron abiertos a rebajar las expectativas de incremento salarial para este año en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que negocian con la patronal, siempre que la diferencia se recupere en los siguientes ejercicios. Su postura es que, finalizada la duración de ese acuerdo (que estiman inicialmente en tres años), los trabajadores deben haber mantenido el poder adquisitivo que la escalada de precios está devorando día a día.

Para lograrlo, volvieron a reclamar que ese pacto bipartito, y los convenios que se firmen a nivel sectorial o de empresa, incluyan cláusulas de garantía salarial. Con estas salvaguardas, remarcaron, no sería tan importante la cifra de aumento que se fije para este año, ya que el mantenimiento del poder de compra estaría garantizado en el medio plazo.

Tanto los representantes de los sindicatos como los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, coincidieron en reclamar «autonomía» para llevar la negociación salarial en el marco del diálogo bipartito, como siempre se ha hecho. Y reconocieron que, pese a las declaraciones públicas, ni Sánchez ni ninguno de los once ministros que este lunes se reunieron con ellos les presionaron para cambiar sus posturas.

Esa defensa de su independencia negociadora es, de momento, de lo poco en lo que coinciden los agentes sociales. En eso, y en la vaguedad de la propuesta del Ejecutivo. A juicio de los sindicatos, para negociar un verdadero pacto de rentas habría que poner sobre la mesa medidas para contener los precios energéticos, una limitación en el reparto de dividendos y beneficios de las empresas y algún cambio en la fiscalidad, centrando el dardo en el impuesto de sociedades, que sigue recaudando mucho menos que antes de la crisis financiera.

Medidas de las que las patronales no quieren ni oír hablar, salvo en el terreno de la energía. Y es que, recordaron, la escalada de la luz y del petróleo golpea a los trabajadores, pero también a las empresas, y de «forma agresiva», como señaló el presidente de Cepyme, que recordó que las compañías no pueden trasladar esos incrementos de costes a los precios.

Los representantes empresariales rechazaron avanzar hacia un modelo de «regulación absoluta de la vida económica», que es como interpretan las propuestas de los sindicatos. E insistieron en que ligar las subidas de los salarios solo a la inflación sería un error, apelando a otros factores que habría que tener en cuenta, como la productividad, la competitividad o las tasas de absentismo.

«Es el momento de aunar esfuerzos para evitar esa espiral inflacionista que acabaría con el sistema económico en su conjunto», advirtió Garamendi.

Las pensiones, fuera del debate

La moderación en las subidas salariales que se reclama a los trabajadores no se aplicará, al menos de momento, a las pensiones, que por ley se revalorizan de acuerdo a la inflación media acumulada durante el año y que, confirmaron los representantes sindicales, no han estado sobre la mesa de negociación con el Gobierno.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que el Gobierno está dispuesto a «proteger el poder adquisitivo» de los trabajadores mientras dure «la guerra de Putin», igual que en la pandemia. «Necesitamos una nueva política de rentas que equilibre la balanza. Este momento de crisis debemos afrontarlo como el resto de países europeos. Fortalecer lo público, proteger a la gente, el empleo y redoblar esfuerzos en la transición ecológica», escribió.