El Gobierno descarta una bajada de impuestos para paliar la crisis

La fuerte pérdida de poder adquisitivo ante la espiral inflacionista, junto a un horizonte que no augura el fin de los elevados precios de la energía, han provocado que la preocupación por el frenazo económico se extienda como la pólvora entre empresas y hogares españoles en las últimas semanas. La inquietud también se ha instalado en el propio Gobierno, que este martes dará luz verde en el Consejo de Ministros al esperado Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Un documento trabajado sobre la base de que esta crisis, encadenada con la pandemia, será más larga y dura de lo anticipado.

Uno de los pilares de la nueva hoja de ruta será el de mitigar el impacto de la subida de los precios energéticos. El Ejecutivo descarta una rebaja masiva de impuestos en la factura de la luz, los combustibles u otros, tras el ajuste fiscal del pasado verano sobre el IVA eléctrico (del 21 % al 10 %) o el gravamen especial (del 5,1 % al 0,5 %, el mínimo exigido por la UE). Esa medida se mantiene prorrogada, al menos, hasta el 30 de junio. Pero el alza de los costes energéticos durante todos estos meses se ha comido sus efectos positivos. «Nadie nota hoy que el IVA esté rebajado en su recibo», apuntan fuentes gubernamentales.

Ayudas a sectores concretos

Esa es básicamente la razón por la que el Gobierno descarta una reducción impositiva generalizada. Cualquier modificación del IVA implica, además, el rastreo de Bruselas a los Estados miembro. Y en el caso de los hidrocarburos, el margen para actuar es limitado, al estar más cerca del suelo mínimo permitido por Bruselas en gasolina o diésel. Por ello, se centrará en aprobar todo tipo de bonificaciones, ayudas, cheques, etc. «Serán medidas enfocadas a sectores concretos y a rentas concretas», apuntan fuentes cercanas a la negociación. Por ejemplo, los 1.050 millones de euros pactados con los transportistas, entre ayudas directas y bonificaciones de 0,20 euros por litro de combustible.

Otro de los objetivos que en las últimas semanas ha perseguido el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el de incentivar un gran pacto de rentas, con subidas salariales moderadas para 2022 o cláusulas de garantía salarial a las que se opondrían la patronal y el Banco de España, por el riesgo de agravar la espiral inflacionista. Ante esta dificultad para el acuerdo, sí podría anunciar alguna actuación directa sobre las empresas limitando, por ejemplo, el reparto de dividendos en las que reciban ayudas o subvenciones, como las que se acogieron a ERTE en la pandemia.

Se sabe que el documento incluirá ayudas a la liquidez, con una nueva línea de avales del ICO, similar a la que salvó el tejido productivo durante los meses más duros de 2020. De hecho, se ha decidido ampliar el vencimiento de créditos aún vigentes. El plan nacional para paliar la crisis también podría incluir la prohibición del despido objetivo si tiene que ver con la guerra o la congelación de la cláusula que liga el precio del alquiler al IPC.