Los autónomos piden medidas contra la competencia desleal de las aplicaciones de compraventa

Reciclar, reutilizar, dar una segunda visa a las cosas... Son conceptos ligados a un nuevo modelo de consumo responsable cada vez más extendido.

En el mercado gallego, la segunda mano ya lo abarca prácticamente todo, desde los sectores más necesarios como la vivienda, hasta el segmento del lujo, pasando por el mundo del motor, la ropa, los muebles, la electrónica, la informática o los artículos de ocio como los juegos o libros.

El negocio se mueve en tiendas físicas y, sobre todo, en plataformas digitales, por un volumen de negocio de cifras oficiales desconocidas. La Confederación Española de Comercio (CEC) tiene registrada una facturación del comercio de segunda mano online de 110 millones de euros en el 2020 sin contar al sector automovilístico, una cifra que es casi un 25 % más elevada que la del 2019.

Un estudio de la consultora Boston Consulting Group, asegura que este mercado crecerá entre un 15 % y un 20 % anual en el mundo hasta el 2026. Y Thredup, una plataforma de reventa de ropa, pronostica que en el 2029 el armario de los consumidores estará compuesto en un 19 % por ropa de segunda mano, frente al 3 % que supone ahora.

En paraísos fiscales

Ante este escenario de crecimiento sin ningún tipo de regulación, el colectivo de trabajadores autónomos ha dado la voz de alarma. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se ha dirigido al Gobierno para exigir medidas que acaben con la «economía sumergida y la competencia desleal» que suponen para el pequeño comercio en España las plataformas online de compraventa entre particulares como Wallapop, Milanuncios o Vinted.

Según los cálculos de UPTA, el dinero negro que generan estas aplicaciones de venta de segunda mano ronda los 1.000 millones de euros al año. «Se aprovechan de la falta de legislación y de límites a estas actividades comerciales lucrativas, y no respetan los principios básicos de la legislación tributaria y comercial española», explica la organización, que añade que «este problema es causante de la trágica situación del pequeño comercio, que ha perdido 900 establecimientos en lo que va de año».

Según la información que maneja esta agrupación de autónomos, «en algunos casos, son empresas alojadas en paraísos fiscales, por lo que todo el tráfico económico generado no tributa en España, aunque aquellas que tienen su domicilio fiscal en España tampoco efectúan ningún tipo de liquidación de las operaciones económicas que se producen entre vendedor y comprador».

Consultada al respecto, la Agencia Tributaria explica que existe la obligación de declarar los ingresos generados en estas aplicaciones cuando las ganancias obtenidas por la venta son superiores al valor original del artículo.