El Supremo plantea elevar de nuevo la macrocausa de las cláusulas suelo al TJUE

Los casi cuatro millones de familias españolas -145.000 de ellas gallegas- que suscribieron una hipoteca con cláusula suelo -considerada abusiva por la justicia- en los últimos 30 años tendrán que esperar de nuevo el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que este miércoles ha planteado a afectados y entidades financieras denunciadas elevar una vez más la macrocausa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

El Pleno de la Sala de lo Social ha propuesto a la demandante, la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae), y a los bancos denunciados abrir un plazo de diez días para presentar alegaciones a la propuesta. Los magistrados alegan que «podría ser pertinente» consultar al Tribunal de Luxemburgo sobre cuestiones que todavía están abiertas. 

¿Cuáles son esas cuestiones? A pesar del largo periplo judicial que atesora esta macrocausa, con multitud de sentencias desfavorables para las entidades financieras, a las que se les ha exigido que devuelvan el dinero indebidamente cobrado gracias a estas cláusulas abusivas, el Supremo considera que todavía quedan flecos por dirimir. 

Uno de ellos tiene que ver con las exigencias de transparencia e información a los clientes y la dificultad de los bancos para identificar al consumidor medio afectado cuando se demanda a un gran número de entidades financieras. También se plantea consultar al TJUE sobre la acción restitutoria, es decir, la obligación de devolver el dinero solo a demandantes o a todos los consumidores afectados, aunque no hayan reclamado. 

Casos pendientes

Tal y como apunta Colpisa, existe un gran atasco en los juzgados por los cuantiosos casos de hipotecados con cláusulas suelo. Todavía quedan unos 213.000 pendientes de resolución, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al cierre del 2021. El proceso para reclamar el dinero se ha dilatado por las continuas trabas y recursos interpuestos por los bancos, que llegaron a rechazar la devolución de más de 435.000 afectados.