El Gobierno eleva un 1,1 % el techo de gasto del 2023, hasta 198.221 millones

Pese a los tambores que anuncian un enfriamiento de la economía a nivel global, con riesgo de recesión en Estados Unidos y Alemania, el Gobierno ha decidido tirar la casa por la ventana de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. El límite de gasto no financiero, lo que en la jerga se conoce como el techo de gasto de las cuentas públicas, subirá el año que viene un 1,1 % para marcar un récord histórico: 198.221 millones de euros.

La cifra supone incrementar en casi dos mil millones la dotación presupuestaria disponible en este ejercicio. Y esto a pesar de que la inyección del fondo europeo de recuperación se reducirá un 4,5 %, hasta los 25.156 millones. Por contra, aumenta casi un 2 % la parte del Presupuesto financiada con recursos propios, que pasará de los 169.787 millones de este ejercicio a los 173.065 del próximo año.

En un año de carrusel electoral (además de las municipales y autonómicas deberían celebrarse, si no hay adelanto inesperado, las generales), el Gobierno pretende compatibilizar el incremento del gasto público con un avance en la senda de la consolidación fiscal. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó los objetivos de reducción del déficit tanto para este año, cuando deberá cerrar en el 5 % del PIB, como para el que viene, con un Presupuesto construido para dejarlo en el 3,9 %. Una cifra más sencilla de alcanzar ahora que la inflación dispara la recaudación tributaria al elevar las bases imponibles.

Lo que sí cambia es la distribución del ajuste presupuestario que habrá que acometer el año que viene. El Ejecutivo ha decidido aflojar el corsé de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para que tengan más margen de gasto antes de las elecciones. Así, aunque el objetivo de déficit de las autonomías se recorta del 0,8 % de este año al 0,3 % del próximo, se eleva en dos décimas respecto al 0,1 % que el Ejecutivo había anunciado en abril en la actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas. Un balón de oxígeno financiero que permitirá a los Gobiernos autónomos que se citan con las urnas el año que viene aprobar unos presupuestos expansivos.

Algo similar ocurre con los ayuntamientos, a los que se seguirá exigiendo que ingresen más de lo que gasten, en concreto un superávit del 0,1 % del PIB estatal, aunque la cifra rebaja en dos décimas el objetivo previsto inicialmente, lo que les dará también más margen presupuestario para gastar su exceso de recaudación.

Además, Montero avanzó este martes que solicitará al Congreso que mantenga suspendidas las reglas fiscales nacionales, lo que implica que ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos podrán ser sancionados si incumplen esos objetivos.

Ese incremento del gasto en comunidades y entidades locales será compensado por la Administración central, que deberá hacer un esfuerzo extra para apretarse el cinturón. En concreto, su objetivo de déficit para el año que viene se reduce en dos décimas, hasta el 3,2 %.

Por su parte, la Seguridad Social verá incrementada en un 8,1 % la transferencia que cada año recibe dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que el año que viene ascenderá a 19.888 millones de euros. Un incremento que la ministra Montero justificó por «el compromiso del Gobierno con el Pacto de Toledo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones».

La deuda, en el 112 % del PIB

En cuanto a la deuda pública, cuyo coste empieza a elevarse como consecuencia de la subida de tipos y la retirada de la red de seguridad desplegada por el BCE durante la pandemia, el objetivo del Gobierno es reducirla en tres puntos este año y otros tantos el que viene, cuando se situaría en el 112,4 % del PIB.

Calviño eleva la inflación este año al entorno del 8 % y asume un frenazo en el crecimiento el año que viene

Más gasto público en un entorno de menos crecimiento. Esa es, al menos, la fotografía que dibujó este martes el Consejo de Ministros, que a la vez que aprobaba el mayor techo de gasto de la historia enfriaba las expectativas de la economía española. No durante este año, para el que mantiene una previsión de alza del PIB del 4,3 %, pero sí para el siguiente, cuando la reduce en ocho décimas, hasta el 2,7 %.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió que todos los indicadores «siguen apuntando a un fuerte crecimiento de la economía española». De hecho, las previsiones del Ejecutivo son las más optimistas este año, superando en dos décimas el incremento del 4,1 % pronosticado por el Banco de España y en tres décimas la de la Comisión Europea y el FMI. Ayer mismo, el Fondo Monetario Internacional redujo en ocho décimas su estimación de crecimiento de la economía española para este año, que ahora coloca en el 4 %, y en 1,3 puntos la del 2023, que considera será del 2 % (siete décimas menos que la cifra actualizada por Calviño). De hecho, el organismo internacional apunta que la recuperación de la economía española a niveles prepandemia se retrasará al 2024.

Ese empeoramiento de las perspectivas de crecimiento se debe, principalmente, a la espiral inflacionista. En ese sentido, aunque el Ejecutivo no hace previsiones de inflación (quien se encarga de elaborarlas es el Banco de España), Economía ha elevado el deflactor del consumo privado, un indicador muy similar que refleja el alza del coste de la vida, hasta el 7,8 % este año y un 2,9 % en el 2023.

Montero abre la puerta a incluir los salarios de los funcionarios en el pacto de rentas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a que los funcionarios se integren dentro del pacto de rentas que el Gobierno reclama a empresas y asalariados del sector privado, a los que pide que moderen las subidas salariales y los beneficios para contener la espiral inflacionista y evitar que se cronifique.

Montero expresó su voluntad de «llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales» de la función pública, y añadió: «Nuestra voluntad sería el poder impulsar ese pacto de rentas que el Gobierno está pidiendo a los agentes sociales para dar estabilidad y certidumbre a la economía del país». La ministra de Hacienda no quiso concretar qué cifra de subida salarial sopesa el Ejecutivo, pese a que ya se ha aprobado el techo de gasto de los Presupuestos, alegando que todavía no se ha abordado la distribución de los fondos entre los diferentes ministerios.

Montero cree que, de haber acuerdo con los representantes sindicales de los empleados públicos, se podría hacer una «aproximación a las subidas salariales para los próximos años», ya que el pacto de rentas (del que el Gobierno ha excluido a los pensionistas) se concibe con un horizonte de tres años.

El nuevo impuesto a la banca se tramitará como ley ordinaria, lo que impide incluir penas de cárcel

La ministra de Hacienda insistió este martes en el rechazo a la propuesta de Podemos de castigar con penas de cárcel a los bancos que repercutan a sus clientes el nuevo impuesto que gravará sus beneficios extraordinarios. Montero explicó que el nuevo tributo se tramitará como una ley ordinaria, lo que excluye esa posibilidad, ya que cualquier reforma del Código Penal «requeriría de una ley orgánica». La norma sí incluirá una prohibición expresa a las entidades para impedir que trasladen al usuario final el nuevo gravamen. Además, Montero recordó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya cuenta con mecanismos para sancionar «cuando alguien no cumple con la legislación o se aparta de las reglas del mercado». «No considero que el Código Penal sea el lugar adecuado desde el que sancionar a las empresas por comportamientos que no estén conforme a las leyes», zanjó Montero.