El Gobierno logra la tramitación exprés para crear impuestos a compañías energéticas y bancos

El pleno del Congreso de los Diputados aceptó este martes tramitar una proposición de ley conjunta de PSOE y Unidas Podemos para establecer gravámenes temporales a las principales empresas del sector energético y a los bancos, con los que el Gobierno calcula recaudar 7.000 millones de euros en dos años (4.000 millones entre eléctricas, gasistas y petroleras y 3.000 millones entre las entidades financieras). Con ese sí de la cámara Baja a la proposición de ley, el Ejecutivo se asegura la tramitación exprés de lo que inicialmente anunció como unos impuestos sobre los beneficios de las compañías, pero que en realidad serán otra cosa. Tendrán la forma de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y se aplicarán no sobre las ganancias, sino sobre la facturación y el margen de intereses y comisiones bancarias.

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, explicó que la principal diferencia entre ambas figuras (impuesto o prestación patrimonial) es el tiempo de tramitación. Y es que el primero solo se puede crear mediante un proyecto de ley que debe superar pasos previos como el proceso de información pública para que los afectados presenten alegaciones, más un informe del Consejo de Estado, entre otros. Esto alargaría la tramitación de esos gravámenes durante varios meses, que se ahorrarán dándoles cobijo bajo una proposición de ley.

Mollinedo también aclaró que elegir la fórmula de la prestación patrimonial de carácter público no tributario y no la de un impuesto cerrará la puerta a posibles reclamaciones en los tribunales de las empresas afectadas alegando una doble imposición por la posible colisión con el impuesto de sociedades, que ya grava los beneficios empresariales.

Pese a la fórmula elegida, tanto el PP como Ciudadanos, que votaron en contra de la tramitación de la proposición, avisaron de la posible ilegalidad de esos gravámenes. Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, denunció los «fallos legales» de la norma, que facilitarán una «previsible impugnación».

Mario Garcés, del PP, habló de «engendro jurídico» para crear unos gravámenes que, alertó, van a acabar pagando los clientes. Y ello pese a que la proposición de ley incluye expresamente que las empresas no podrán trasladar los costes y encomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la misión de vigilar que esa así.

La propuesta incluye gravar con un 1,2 % la cifra neta de negocio de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que en el 2019 hayan facturado más de 1.000 millones de euros; y con un 4,8 % el margen de intereses y de comisiones netas de las entidades financieras con unos ingresos por esos conceptos superiores a los 800 millones durante ese mismo año.

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