El período de cálculo de la jubilación se ampliará tres meses al año desde el 2027

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se queda solo en su propuesta para la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe aprobar antes de que termine el año. Tanto los sindicatos como la patronal, pero también prácticamente todos los partidos del arco parlamentario, han cerrado filas contra su modo de negociar y, más concretamente, contra su propuesta de ampliar el período para calcular la pensión de 25 a 28 años (los mejores de los 30 previos al retiro). Incluso sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, lo han abandonado a su suerte pese a que se trata de una iniciativa que está acordada con Bruselas para este año.

La ampliación del período de cálculo que propone Escrivá sería muy progresiva y comenzaría en el 2027, cuando se sumarían tres meses más para este cómputo. Y así año a año hasta llegar a calcularse la pensión en el 2038 con 28 años, los mejores de los últimos 30 de cotización, según recoge el documento presentado a los agentes sociales el lunes.

En ese borrador se detalla otro de los puntos clave de la reforma: el destope progresivo de la base máxima de cotización y, para compensar, también de la pensión más alta del sistema. Pero esta última se incrementará mucho menos que las aportaciones de los trabajadores con salarios más elevados. En concreto, nueve veces menos. Escrivá plantea a los agentes sociales que esa pensión máxima (que el año que viene superará los 42.800 euros al año) se eleve un 0,115 % cada año entre el 2025 y el 2050, porcentaje al que se sumará la inflación. Sin embargo, la base máxima de cotización (el importe del salario sujeto a cuotas sociales, que en el 2023 se situará cerca de los 54.000 euros) se elevará un 1,1154 % anual en ese mismo período (más IPC).

Todos en contra

El mes que queda para poder cumplir el plazo comprometido con Bruselas se antoja un margen escaso para poder sumar los apoyos que necesita el Gobierno para aprobar esta reforma y que España pueda seguir recibiendo fondos europeos. La primera en abrir fuego contra Escrivá fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien, desde México, no ocultó su malestar por la propuesta, que a su juicio «endurece» el acceso a la jubilación y supone un «recorte» de los derechos de los pensionistas. Por ello, anunció que no contará con el apoyo de su partido. «Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos», avanzó la ministra.

Tampoco ha gustado nada esta medida entre el resto de los socios del Gobierno. El líder de Más País, Íñigo Errejón, advirtió de que «es el camino directo para empobrecer a los pensionistas de mañana» y el BNG tildó de «regresiva» esta reforma.

El PP, por su parte, acusó a Escrivá de «improvisar» y «dejar para el final» una medida que «ya sabía desde el año pasado que tenía que aprobar» para evitar la «interlocución» con los afectados, según el análisis del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. La portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, exigió convocar al Pacto de Toledo para debatir con «seriedad» y «rigor».

Con más dureza aún cargó Ciudadanos. Edmundo Bal considera un «disparate» ampliar a 28 los años para calcular la pensión y acusó al Ejecutivo de «meter miedo» a empresarios y trabajadores. «Esto muestra la negligencia supina del ministerio de Escrivá al frente del sistema de pensiones».

En medio de este aluvión de críticas, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, trató de calmar las aguas y defendió que el Ejecutivo lleva «mucho tiempo» negociando esta reforma con los agentes sociales y confió en alcanzar «cuanto antes» un acuerdo.

Pero no están por la labor ni la patronal, que ayer reiteró que ven difícil «de entrada» llegar a un pacto, ni los sindicatos, que también arremetieron contra Escrivá. «El ministro se ha vuelto a equivocar», advirtió Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Álvarez señaló que «este es un debate que no es necesario abordar hoy» y mostró su desconcierto por el interés de ampliar el período de cálculo de la pensión si la medida no supone, como defiende Escrivá, ningún ahorro para el sistema. «Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está», defendió.

En esta misma línea, su homólogo de CC.OO., Unai Sordo, no ve «necesaria» esta medida y recalcó que no figura en «ninguna recomendación del Pacto de Toledo».