La Justicia europea restaura el honor de los astilleros gallegos: nunca hubo ayudas de Estado
Economía
Doce años después, falla que no hay que devolver el «tax lease»
03 Feb 2023. Actualizado a las 05:00 h.
Europa puso la proa al naval gallego en el 2011, cuando acusó a España de favorecer a los astilleros con ayudas de Estado. No fue por casualidad. Lo hizo en el momento en el que el sector, con Galicia al frente, lideraba la cartera europea de nuevas contrataciones, por delante de las grandes patronales holandesas y noruegas; y con el socialista Almunia al frente de la Dirección para la Competencia, volcado en hacer méritos demostrando su imparcialidad.
Cuatro años tardó en resolver el Tribunal General de la UE (organismo de primera instancia) el recurso presentado por el sector español, pero finalmente, en el 2014 validó el denominado tax lease, un esquema de incentivos fiscales para los inversores que participaban en la financiación de un buque, que a esas alturas ya había sido sustituido por un nuevo sistema de incentivos fiscales.
No contenta con el fallo, la Comisión Europea (vía Dirección para la Competencia) recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que decidió desenterrar el caso al anular la sentencia del Tribunal General y ordenar su revisión, con la misión de exigir la devolución de las ayudas, no a los astilleros, sino a los inversores, todos ellos grandes empresas: Telefónica, Santander, Inditex, Naturgy (entonces todavía Gas Natural), CaixaBank, Bankia (ahora parte del anterior), Banco Popular (ahora integrado en Santander), Banco Sabadell, Catalunya Bank (ahora en BBVA), las fusionadas Unicaja y Liberbank, Ibercaja y NCG Banco (Abanca). También había empresas familiares como el Grupo Villar-Mir, la joyería Tous o Bodegas Muga.
España cifró en 126 millones de euros el total de ayudas que habían recibido gracias al tax lease, pero Bruselas jamás se creyó esa cifra y consideraba que el importe a devolver era mucho mayor.
Decisión «mal motivada»
Cinco años después de que el caso llegara a Luxemburgo, este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores. El fallo da a entender que Bruselas no motivó debidamente la decisión, aunque respalda el análisis de que se trató de un plan con «carácter selectivo» que favorecía a los beneficiarios respecto a otros. Es decir, que el viejo tax lease fue un sistema ventajoso para los inversores, pero no una ayuda de Estado para los astilleros.
El tribunal expone que la recuperación de la totalidad del importe de la ayuda contemplada por la decisión de Bruselas fue ordenada sobre la base de una «identificación errónea» de los beneficiarios.
El viejo tax lease se puso en marcha en el 2002, aunque Bruselas había propuesto que se recuperaran los apoyos concedidos desde abril del 2007, frente a la posición del Gobierno, que defendía empezar a contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el sistema de bonificaciones.
El régimen se estructuraba a tres niveles: permitía a las empresas navieras obtener descuentos de entre el 20 y el 30 % en la adquisición de nuevos buques que salieran de los astilleros españoles (más de un 60 % de las operaciones se hicieron en Galicia), estos astilleros llenaban sus carteras de pedidos y generaban miles de empleos, mientras los inversores citados (constituidos en Agrupaciones de Interés Económico, o AIE), que financiaban partes del proceso, obtenían beneficios fiscales que no tendrán que devolver.
La crisis del «tax lease» se cerró con más de 2.000 millones de pérdidas en Galicia
En el año y medio transcurrido sin ningún tipo de incentivos a la contratación naval, tras quedar anulado el tax lease, los astilleros privados gallegos solo lograron cerrar dos pedidos de gran tonelaje por valor de 200 millones de euros, cuando su facturación media entre el 2006 y el 2010 no bajó de los 1.400 millones al año, según relataron en su día fuentes del Clúster Naval de Galicia, Aclunaga. Proyectando estas cifras durante los 17 meses en que el antiguo sistema fiscal estuvo expedientado por competencia desleal, mientras el nuevo modelo que ahora está en vigor permanecía bloqueado en los despachos de Bruselas dejando al sector prácticamente fuera del mercado, se traduce en una pérdida de facturación superior a los 2.000 millones de euros, según estimaciones de los propios astilleros, que no incluyen el gran coste sufrido en pérdida de mano de obra: en total fueron más de 4.000 empleos destruidos, la mayoría de alta cualificación, que no se han vuelto a recuperar, por la marcha de los trabajadores a astilleros de Holanda, Noruega o Francia. La crisis arrastró a la quiebra a 90 empresas auxiliares del naval.