Los empresarios dan por imposible el acuerdo para reformar las pensiones

La cuarta reunión del diálogo social, celebrada en la tarde de este lunes en el Ministerio de Seguridad Social para cerrar el acuerdo sobre el segundo bloque de la reforma de las pensiones, no provocó grandes cambios en las posiciones. Y es que los empresarios salieron del encuentro dando por «imposible» su respaldo a la batería de medidas que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, pactó con la Comisión Europea y con sus socios de Gobierno.

Así lo dejó claro tras la reunión la directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, pese a asegurar que seguirán haciendo aportaciones hasta «el último texto». De este modo, Santos defendía a la patronal de las críticas vertidas horas antes en Bruselas por Escrivá, que acusaba a los empresarios de no haber presentado «propuestas concretas» para la reforma de las pensiones, limitándose a criticar las que ponía sobre la mesa el Gobierno.

«Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad», criticó Escrivá, asegurando que esta reforma lo consigue. También explicó que el Ejecutivo lleva «desde octubre» esperando las iniciativas de la patronal, a la que afeó la actitud: «Hay que estar a las duras y a las maduras». El ministro ha recordado que la patronal coincidió en la necesidad de revalorizar las pensiones con el IPC, pero a la hora de plantear cómo se iba a financiar esta medida, «no han ofrecido propuestas concretas».

Y en Madrid los empresarios negaron la mayor. «Hemos hecho muchísimas aportaciones, pese a las pocas reuniones que ha habido: solo cuatro. Hoy hemos vuelto a hacer una buena parte de ellas», subrayó Rosa Santos, para añadir que los empresarios discrepan del enfoque de la reforma.

«Hemos planteado tocar otros impuestos para financiar el sistema, que hubieran mantenido mejor el principio de contributividad, pero el Gobierno ha decidido hacer recaer el peso sobre los trabajadores, los salarios y los costes laborales que soportan las empresas. Ahí poco hay que decir», apostilló. Igualmente insistió en que consideran la reforma «regresiva», ya que las medidas supondrán «trabajar más años para, en el mejor de los casos, cobrar la misma pensión que ahora», además de que los cambios previstos —que mermarán salarios y aumentarán los costes laborales— «van a dañar el empleo y la competitividad».

La visión de los sindicatos es otra, ya que tanto el secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CC.OO., Carlos Bravo; como el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, se mostraron optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo inminente.

«Ha habido avances significativos, pero no sobre la totalidad de las cuestiones», apuntó Bravo, para anunciar que el ministerio se había comprometido a remitir a primera hora de la mañana de este martes un nuevo texto con las aportaciones planteadas en el encuentro.

Tanto confían en resolver los «flecos» que quedan —aclarar aún más las lagunas laborales, garantía de mantenimiento de la cuota solidaria por parte de los altos sueldos o de las pensiones mínimas—, y alcanzar un acuerdo en las próximas horas, que los sindicatos han convocado para el miércoles a sus respectivos consejos confederales, máximo órgano de decisión entre congresos.

«Condenar» al déficit al sistema

Las críticas a la segunda pata de la reforma también le llegaron este lunes al Ministerio de Seguridad Social por parte de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en un primer análisis de las medidas previstas se mostró muy crítica con los cambios diseñados por Escrivá. De hecho, el organismo advierte de que esta reforma «condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas». Ello exigirá, en su opinión, «cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades», como pueden ser los servicios sociales o la sanidad.

Además, tras analizar globalmente las reformas de pensiones (las ya aprobadas y la fase que se está negociando ahora), Fedea calcula que en torno al 2050 se tendría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que supondría en torno al 60 % de la recaudación por IRPF, que en el 2019 fue del 7,56 % del PIB. Es decir, que la sostenibilidad queda muy lejos.

Escrivá reformará la jubilación parcial en seis meses para incentivar un retiro más gradual

l. palacios

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no se da por satisfecho con la batería de iniciativas que se establece en la segunda fase de la reforma de las pensiones y, antes de que termine la legislatura, quiere llevar a cabo otra reforma del sistema: modificar la jubilación parcial, que permite a los trabajadores a partir de los 60 años compatibilizar su trabajo con el cobro de una prestación. Lo había anunciado y ahora lo pone por escrito en el decreto ley que el Gobierno ultima con los agentes sociales y prevé aprobar próximamente, incluso en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves.

En el borrador se incluye un compromiso: llevar a cabo un «nuevo marco de regulación de la pensión de jubilación parcial en el plazo de seis meses», que previamente será negociado con los sindicatos y la patronal, y que presentará después ante el Pacto de Toledo. El objetivo es «garantizar un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión, preservar la calidad del empleo de los relevistas y equilibrar el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema», según explica la disposición adicional primera.

Escrivá se ha mostrado abierto a establecer, como hizo con el retiro demorado, nuevos incentivos para impulsar que la salida del mercado laboral se haga de «forma gradual», es decir, que los trabajadores sénior vayan reduciendo las horas progresivamente hasta que llegue el momento de la jubilación completa, como ocurre en países europeos pero no tanto en España. Con nuevos incentivos, Escrivá pretende seguir aumentando la tasa de actividad de los mayores de 60 años, algo que sigue siendo un reto, pese a que se ha elevado un 4 % en la franja de los 60 a 64 años y 2,5 puntos de los 65 a los 69 años, pero aún por está muy por debajo de la media europea: un 42 % frente al 60 %.