Portugal elimina el IVA de 44 alimentos básicos, incluida la carne y algunos pescados

«Ahora necesito tener mucho cuidado con lo que compro», comenta un hombre de unos 60 años en un supermercado del centro de Oporto. «Sobre todo, con el pescado, que se encareció muchísimo». Si la inflación, que en febrero fue del 8,2?% interanual y rondaba el 10?% a finales del año pasado, se ha convertido en una pesada losa para los bolsillos de los portugueses, la escalada del precio de la comida es especialmente sangrante. En enero, la inflación alimentaria fue de más del doble que la general, al alcanzar el 21,1?%, con picos de hasta el 52?% en el caso de la cebolla; del 40?%, en el de la patata, o del 56?%, en el del azúcar. Son solo algunos ejemplos. «Yo creo que los precios subieron en un 30 o un 40?%, es una barbaridad», concluye el mencionado comprador portuense. Una cesta de la compra básica con 30 productos ha pasado de costar 74,9 euros a 96,44 en el último año, según la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), lo que se refleja en productos básicos como la leche, la harina o el aceite.

«Yo tengo la sensación de que, de media, mi tique es un 50?% más caro», dice una joven extranjera. «Empiezo a ir a otros supermercados, compro marcas blancas, me fijo dónde compensa adquirir cada cosa y nunca me llevo comida preparada».

Pero, muy pronto, la mayoría de esos alimentos debería bajar de precio. Es el propósito de la propuesta del Gobierno de eliminar durante seis meses el IVA de hasta 44 artículos, lo que rebajará la cesta de la compra en unos nueve euros. La decisión se anunció tras conocerse que el déficit público fue en el 2022 del 0,4?%, muy inferior al 1,9?% previsto. Además, la medida llega pese al escepticismo del Gobierno sobre la eliminación de este impuesto, apenas sin efecto en los supermercados españoles. De ahí que las autoridades lusas quieran asegurarse de que esta rebaja no será aprovechada por los distribuidores y minoristas para ampliar sus márgenes.

El primer ministro, António Costa, ha firmado un acuerdo con Confederação dos Agricultores de Portugal y la Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) para estabilizar los precios de los alimentos. Para garantizar que la medida funcione, el Estado ayudará a los primeros a contener el aumento de sus costes y constituirá una comisión, bajo el mando de Competencia, que debe examinar la implementación de la rebaja en los puntos de venta. El coste total será de unos 600 millones de euros.

El sector, bajo la lupa

De hecho, el sector lleva meses bajo la lupa. Costa había pedido explicaciones al director general de la APED y la ASAE lleva a cabo una investigación a nivel nacional desde hace meses, que ya ha examinado más de mil establecimientos ante la sospecha de delito por especulación por manipular básculas y por precios engañosos (con diferencias de hasta el 70?% entre las etiquetas y lo cobrado). Hasta principios de marzo ya se habían abierto 51 casos penales. Además, la Autoridade da Concorrencia sospecha de concertación de precios y posible oligopolio por parte de los cuatro grandes distribuidores, que concentran el 70?% del mercado. Una práctica que en los últimos años ha supuesto multas por un total de 676 millones de euros.

Ambas investigaciones muestran la decisión del Ejecutivo luso de atar en corto al sector, contra el que se contemplaban numerosas medidas, que de momento parecen descartadas con la supresión del IVA.

Mientras la derecha considera que esta propuesta llega demasiado tarde, la izquierda mantiene que no es suficiente y que habría que implementar controles de precios. El ministro de Economía y Mar, António Costa Silva, ya había asegurado «estar abierto a todo» y «a medidas más fuertes», aunque siempre priorizó las negociaciones con todas las partes. De hecho, se llegó a evocar la ley que rigió en el país hasta 1984, cuando los márgenes de beneficio se limitaban al 15?%.

Sin embargo, la medida más discutida ha sido la tasa del 33?% sobre lucros extraordinarios, implementada durante el pico más duro de inflación. Durará todo el año y se aplica a las energéticas y distribuidoras cuyos beneficios hayan aumentado en más de un 20?% frente a los últimos cuatro años. Todo, intentos por aliviar el aumento del coste de vida, que tiene en pie de guerra a varios sectores en todo el país.