Galicia exige trato justo a sus proyectos frente a comunidades más favorecidas

«El Gobierno no está dando respuesta a las prioridades de Galicia». Así de directo respondió ayer el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, a la decisión del Gobierno de dejar el proyecto de la biofábrica de fibra textil forestal del grupo Altri en Lugo (Palas de Rei) fuera de la nueva partida de fondos europeos —con cargo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—, aprobada el martes en Consejo de Ministros para remitirla a Bruselas y poder movilizar más de 94.000 millones de euros adicionales.

Según el Gobierno, se tuvieron en cuenta las aportaciones de Galicia salvo Altri, por los criterios que marca la Comisión Europea.

«Sánchez falta a su palabra»

En palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, «se han incorporado todos los proyectos que propuso la comunidad autónoma de Galicia, salvo uno en el que parece que tienen un enorme interés, pero tienen que entender que las normas de aplicación de los fondos exigen unos procedimientos de control de cualquier conflicto de interés y que no se pueden dar a dedo o tomar decisiones arbitrarias».

A tal afirmación, el vicepresidente gallego respondió recordándole a Calviño que el Gobierno falta a su palabra porque «el propio presidente, Pedro Sánchez, garantizó apoyo explícito para este [Altri] y otros proyectos, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Moncloa».

Bloqueo inconcevible a Altri

«En la Xunta seguimos esperando a que el Gobierno dé respuesta a la cartera de proyectos que hemos presentado en el marco de la candidatura de los fondos europeos», dijo a preguntas de los medios sobre las declaraciones de Calviño. Conde considera que «el Gobierno no fue capaz de identificar este proyecto dentro de los PERTE ni de darle una igualdad que se le está dando a otros proyectos»; y aseguró que «no se concibe el bloqueo al proyecto de Altri cuando está centrado en industria forestal, sostenibilidad y economía circular».

El vicepresidente gallego contrapuso el estado de bloqueo de los planes de inversión previstos en Galicia —Altri, Resonac, Stellantis o el polo aeroespacial de Rozas—, con la situación en otras tres comunidades autónomas, entre las que el Ejecutivo de Sánchez ha repartido 600 millones. «El Gobierno ha transferido ayudas directas a la Comunidad Valenciana y Cataluña con 120 millones en el sector de la automoción; y 450 millones para ArcelorMittal en Asturias, en este caso, antes del propio PERTE de la descarbonización», denunció Conde, quien exigió un «trato justo» para Galicia, y que se aceleren aquellos proyectos que cumplen con los criterios marcados por la Unión Europea.

La gestión y el modo de proceder del Gobierno con los fondos europeos para la recuperación no solo ha indignado al Gobierno gallego.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular y los candidatos a ser futuros presidentes han reclamado por carta a la vicepresidenta Calviño, que retire la adenda al plan de recuperación enviada de forma unilateral ayer a la Comisión Europea.

Carta del PP a Calviño

Los líderes regionales del PP denuncian que el Gobierno «no tiene legitimidad para pactar con Bruselas una política económica y de inversiones a las puertas de unas elecciones generales» que pueden cambiar el signo político del país. «Consideramos que el escenario político actual, con importantes cambios en Gobiernos autonómicos y unas elecciones generales sobrevenidas, no reúne las condiciones mínimas para proponer una programación del calado de la que estamos hablando, y aún más sin consensuar», sostienen. La carta está firmada por los consejeros de Hacienda de las comunidades y ciudades autónomas en las que ya gobiernan los populares (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta) así como por los candidatos que ganaron las elecciones autonómicas del pasado 28-M (los de Aragón, Canarias, Cantabria, Valencia, Extremadura, Baleares, La Rioja y Melilla) que aún no han tomado posesión de sus cargos.

«Aún estás a tiempo»

El envío de la adenda implica establecer un plan de gobierno al próximo presidente de España, que tendrá que asumir las reformas e inversiones comprometidas para recibir estos recursos. Calviño justificó la premura en los plazos tan ajustados que tiene España: la adenda tiene que estar enviada antes del 31 de agosto y tras las elecciones no habría tiempo de que el nuevo Gobierno pueda elaborar otro programa.

«Vemos con preocupación que se repite el grave defecto que ya reveló el informe del Parlamento Europeo: un insuficiente nivel de diálogo, negociación y acuerdo con las comunidades. Estás a tiempo de evitar repetir errores», advierten los firmantes a Calviño.

El futuro Ejecutivo no tendrá margen para cambiar el reparto de los fondos europeos

El calendario político viene tan apretado por la convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio que el Gobierno que salga de esa cita tendrá prácticamente las manos atadas de cara a posibles cambios que quiera incluir en la nueva petición de fondos europeos que España acaba de realizar a la Comisión Europea. Ese futuro Ejecutivo dispondrá prácticamente de un mes y medio, si todos los plazos se cumplieran a la máxima celeridad, para acometer cambios en las reformas e inversiones incluidas en la adenda que el Ministerio de Economía va a remitir a Bruselas.

El calendario que define el reglamento europeo apunta que una vez que el Ejecutivo le remita a la Comisión Europea, este organismo dispone de dos meses para evaluar la adenda y, en su caso, ratificarla. Estaríamos hablando, como pronto, de finales de agosto, teniendo en cuenta que la pretensión de España es remitir ese documento a lo largo de este mes de junio. Transcurridos esos dos meses, pasaría a la evaluación del Consejo de la UE, que dispone de otro mes más antes de que sea aprobado el plan de forma definitiva. Es decir, el futuro Gobierno podría intentar modificar el plan, como muy tarde, a mediados de octubre.

30 días para renegociar

Teniendo en cuenta que las elecciones generales son el 23 de julio y que la constitución de las Cortes sería el 17 de agosto, no habría nuevo Gobierno al menos hasta principios o mediados de septiembre. A partir de ahí, cualquier modificación dispondría de poco más de 30 días para renegociar con Bruselas. Podrán ser cambios técnicos y ajustes puntuales, pero no grandes cuestiones, apuntan diversas fuentes conocedoras de este tipo de negociaciones. Lo que se ha acordado en meses sería imposible cambiarlo en semanas, indican.

Entre otras cuestiones, Economía ha incluido la reforma del precio de venta al pequeño consumidor, es decir, de la tarifa regulada eléctrica, y la modificación de la Ley del Mercado de Valores y Servicios de inversión. El Gobierno pretende que las reformas incluidas permitan asegurar un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, gracias a la movilización de 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los 2.600 millones de euros del mecanismo REpowerEU.