Greenalia pide seguridad jurídica tras las sentencias que anulan las autorizaciones para dos parques

La empresa gallega de renovables Greenalia reclama seguridad jurídica para las inversiones de las empresas en el sector, tras las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulan las autorizaciones para los parques eólicos de Campelo y Bustelo. La compañía ha reaccionado tras conocer el fallo para el último de esos proyectos. Según explicó, en una primera notificación, recibida el pasado día 16, el TSXG desestimaba el recurso contencioso administrativo presentado contra el parque por la asociación Adega. Sin embargo, el día 20 recibió una aclaración de la sentencia en la que el tribunal reconocía que había cometido un «error material» y que, finalmente, el recurso era estimado.

La compañía revela que contra el parque eólico de Bustelo se interpusieron dos recursos por parte de asociaciones diferentes. En uno de ellos, Greenalia presentó una recusación contra uno de los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG: Luis Villares, excandidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia por En Marea, «por entender que debía abstenerse de participar en la resolución de los recursos, teniendo en cuenta que, durante su etapa política, había mostrado públicamente, en diferentes ocasiones, su oposición a la instalación de proyectos eólicos». La propuesta de recusación fue rechazada.

Durante el procedimiento judicial que culminó con la anulación de la autorización de Bustelo, se impuso a la empresa una medida cautelar «que le obligó a paralizar las obras, pese a haber invertido en ellas ya más de siete millones». Greenalia pone de manifiesto que «dicha medida fue aprobada sin solicitar a la demandante ningún tipo de fianza para cubrir los perjuicios que pudiese provocar la paralización».

La empresa también alerta sobre el criterio adoptado por el TSXG respecto a la forma de tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del parque. Así, considera deberían tramitarse primero las peticiones de los informes sectoriales y, después, abrir la fase de información pública. Sin embargo, «esta particular doctrina del TSXG resultaría contraria» al artículo 37.1 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, que dispone expresamente que la solicitud de los informes sectoriales a las Administraciones afectadas se hará «simultáneamente al trámite de información pública».

La empresa advierte que, si el tribunal sigue aplicando ese criterio, podrían verse afectados más parques, pero también «cualquier proyecto industrial que precise de una declaración de impacto ambiental para su tramitación». Greenalia subraya que acata y respeta la sentencia, pero alerta sobre la inseguridad jurídica que esta situación está generando en las empresas para el desarrollo de los proyectos industriales, y que pone en riesgo incluso la viabilidad económica de las compañías del sector.