Las pizarreras desahuciadas dicen que compraron parte de los terrenos antes de que fuesen declarados comunales

El presidente de las dos pizarreras de Valdeorras con orden de desahucio —las oficinas están cerradas desde la semana pasada y el segundo intento de desalojo de las naves está previsto para el 29 de noviembre—, Rogelio López, asegura que parte de los terrenos son propiedad del grupo desde la década de los sesenta. Así lo explicó en una rueda de prensa en la que tiró de hemeroteca para contar los antecedentes. Aseguró que fue en 1968 cuando se fundó la cooperativa Samaca y se compraron los primeros terrenos en O Trigal (en Carballeda), donde sigue estando la empresa. En los setenta adquirieron más y se creó Irosa. En 1977, antes de que los terrenos fuesen clasificados como monte comunal, las dos empresas junto a otras dos —una sin actividad y otra que pertenece a otro grupo— acordaron con los vecinos que «a cambio de pagarlles a traída de auga, nos cedían os terreos para seguir crecendo por tempo indefinido», aseguró López. Con la Lei de Montes, que no permite el arrendamiento por más de once años, se formalizó un contrato con la junta vecinal en el que se especificaba que las fincas particulares que habían sido compradas 40 o 50 años atrás quedaban fuera. «Acordamos un arrendamento non moi gravoso porque pagáramos moito polas obras da auga», dijo. López compareció acompañado de los directores de Irosa y Samaca, Daniel Vidal y Manuel Pérez, respectivamente.

El 31 de diciembre del 2014 vencieron aquellos contratos y nunca se renovaron por falta de acuerdo entre las partes. López acusó a la junta rectora de la comunidad de montes —de la que fueron excluidos algunos vecinos que han judicializado el tema— de poner unas condiciones inasumibles. Aseguró que pedían 4.500 euros por cada una de las 20 hectáreas arrendadas (cinco veces más de lo que venían pagando) y les reclamaban la propiedad de todos los terrenos, incluso los que ya eran suyos antes de la expropiación firmada el pasado marzo después de que la Xunta aprobase la declaración de utilidad pública y de interés social de Irosa.

López aseguró que hará una contraoferta a los comuneros para evitar el desalojo previsto a finales de noviembre y en tanto no se concreta la titularidad de los terrenos en el juzgado.