José Luis Escrivá corre la banda para sustituir a Calviño tras sobrevivir a dos reformas de las pensiones

Fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez para el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. José Luis Escrivá Belmonte (Albacete, 1960) se incorporó al gabinete como guardián de la caja de una Seguridad Social que por primera vez en cuarenta años se desgajaba del Ministerio de Trabajo, que Podemos reclamó para sí en el pacto de investidura. El cortafuegos era evidente: el PSOE retenía la gestión económica de las cotizaciones sociales y las pensiones (más de 190.000 millones de euros este año) y dejaba a los morados solo la parte normativa de las relaciones laborales.

Pura imagen de la ortodoxia económica (comenzó su trayectoria en el Banco de España y de ahí pasó al BCE y al Banco Internacional de Pagos de Basilea antes de dar el salto al sector privado, al BBVA), antes que ministro fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo creado durante la anterior crisis por mandato de Bruselas para supervisar las finanzas públicas y al que llegó nombrado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con el PP. Con esa hoja de servicios desembarcó en el Gobierno con el encargo de servir de marcaje no solo a Yolanda Díaz sino también al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya que Sánchez engordó su cartera con las competencias de Inclusión para que fuese él, y no el entonces vicepresidente, quien diseñase la renta básica universal acordada por los dos partidos en su acuerdo de legislatura.

Entre ambos surgieron chispas, pero ni medio año después de llegar al Gobierno (y en plena pandemia), Escrivá alumbró un ingreso mínimo vital que, superado el embudo inicial en la gestión y a todos los retoques que se han ido haciendo para facilitar su tramitación, llega a menos familias de las previstas inicialmente y de las que cumplen los requisitos para cobrarlo. En concreto, solo un 35 % de los potenciales beneficiarios perciben la ayuda, según un informe publicado este año por la AIReF que desató una guerra entre el ministro y sus antiguos compañeros de este organismo.

Y es que si algo tiene Escrivá es que no esquiva el cuerpo a cuerpo. Lo mismo se enreda en redes sociales con economistas críticos con alguna de sus políticas que es capaz de llamar en directo a una tertulia de radio para afear los comentarios de los tertulianos sobre su gestión. El último episodio se vivió con el traslado de migrantes desde Canarias a varios puntos de la Península, cuando el ministro se revolvió contra los alcaldes y presidentes autonómicos que le reprochaban la falta de información acusándolos de xenofobia y oportunismo político. Antes que eso, tuvo que lidiar con el colapso de la Seguridad Social por la falta de citas previas, que impedía a los ciudadanos acudir a las oficinas para hacer trámites. Aunque Escrivá trató de minimizar el problema (llegó a calificarlo de «bulo» en sede parlamentaria), el propio Pedro Sánchez ha acabado por enmendarle la plana en el último debate de investidura, cuando anunció un nuevo sistema de atención con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria.

Las grandes reformas

Pese a ese carácter a veces volcánico, durante su mandato el ministro ha conseguido desbloquear algunas reformas que llevaban años pendientes, como la acordada con las asociaciones de autónomos para que estos profesionales coticen a la Seguridad Social en base a sus ingresos reales, al igual que los asalariados. Una reforma que todavía está en su fase de despliegue inicial y que deberá consolidarse a lo largo de esta legislatura.

Pero, sin duda, el gran hito de estos cuatro años en su departamento ha sido la doble reforma de las pensiones para revertir la aprobada en el 2013 por el Gobierno de Rajoy. Si entonces se apostó por actuar por el lado del gasto, limitando la subida de las prestaciones mientras la Seguridad Social estuviese en números rojos y recortando la nómina de los nuevos pensionistas para ajustarla al aumento de la esperanza de vida, la de Escrivá ha optado por incidir en los ingresos. Así, atendiendo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, se volvió a ligar la revalorización de las prestaciones con el IPC, aunque se hizo en un momento crítico de inflación descontrolada por la guerra en Ucrania, lo que ha provocado un aumento récord del gasto. Para compensarlo y limitar el déficit del sistema, se han articulado recargos en la cotización que serán más elevados en el caso de los salarios por encima de la base máxima.

Un bagaje reformista que, pese a las objeciones de sus críticos, que lo acusan de presentar unas proyecciones irreales que solo se sostienen en las hojas de Excel, le ha servido para revalidar la confianza de Pedro Sánchez, que lo ha designado, de facto, sucesor de Nadia Calviño si la vicepresidenta se impone en la carrera para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Desde su nuevo puesto como ministro de Transformación Digital asumirá parte de las competencias y de las estructuras que hasta ahora recaían en el Ministerio de Asuntos Económicos (entre ellas, dos de las tres secretarías de Estado de este departamento), lo que apunta a que se trata solo de un departamento de transición desde el que corre la banda hasta que Calviño salga hacia Luxemburgo.