El Estado comprará el 10 % de Telefónica para convertirse en su primer accionista

El Ejecutivo de Sánchez dio luz verde este martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para formalizar la adquisición de un 10 % de los títulos de Telefónica, una operación por la que las arcas públicas tendrán que desembolsar unos 2.000 millones de euros. Eso, a tenor de la capitalización bursátil actual de la teleco, que este martes cerró la sesión con una leve caída del 0,8 % que situaba la cotización de los títulos de la empresa en los 3,57 euros (cuando el parqué bajó la persiana todavía no se había hecho pública la operación). Estos números permiten al Estado aspirar a ocupar al menos un sillón en el consejo de administración.

El objetivo del Gobierno es dar respuesta a la entrada en el accionariado de la teleco saudí STC —controlada en un 64 % por el Gobierno de aquel país, a través del fondo soberano PIF—, que a mediados del pasado septiembre decidía desembolsar 2.100 millones de euros para hacerse con el control de un 9,9 % de la empresa. Esta operación, que se fraguó sin que la dirección de Telefónica estuviese al tanto, consistió en la adquisición de un 4,9 % de acciones de forma directa y de otro 5 % mediante derivados financieros.

En la Moncloa ya habían advertido hace unos meses que tomarían cartas en el asunto. De hecho, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño aseguraba entonces que Telefónica era una empresa estratégica para España y que era deber del Ejecutivo «defender los intereses generales y el interés estratégico de nuestro país». Entre líneas, venía a decir Calviño que su equipo ya estaba ocupado en reforzar de algún modo la españolidad del gigante de las telecomunicaciones.

Y lo ha hecho de lleno. Porque con el movimiento anunciado este martes por el Ministerio de Hacienda, el Estado pasará a ser el primer accionista de la operadora, por delante de BBVA (que hasta ahora controla un 4,87 % del capital), de Blackrock (4,48 %) o incluso de los recién aterrizados en la compañía, la saudí STC (que posee un 9,9 %).

Estabilidad

«Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos», explica el comunicado de Hacienda, ministerio del que depende la SEPI. Añaden que el objetivo sobre el que se sustenta esta operación es «proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial» para que logre mayores rentabilidades y con ello «contribuya a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas».

El Ejecutivo también aprovechó los comunicados emitidos este martes para lanzar un mensaje de tranquilidad y evitar que el anuncio provoque un pequeño seísmo en los mercados: «La SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario».

También quiso salir a defender el movimiento de ficha Nadia Calviño, que apuntó a que esta es una decisión «que tiene por objeto proporcionar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos».

También celebraron el paso en las filas de Sumar. La portavoz de la formación en el Congreso, Marta Lois, aseguró que esta era una «exigencia» que Yolanda Díaz había trasladado a Calviño.

Final de año agitado

Telefónica afronta un final de año agitado. Hace unos meses, el primer terremoto lo provocaba el desembarco de los saudíes, una operación que pilló con el pie cambiado al consejo de administración y a los accionistas, que admitían no contar con el interés de STC por entrar en la operadora española.

Pocos meses después se producía la presentación pública de sus resultados en los nueve primeros meses de este 2023. Y llegaba algo deslucida. Porque Telefónica admitía haber registrado un beneficio neto de 1.262 millones de euros de enero a septiembre, un 15 % menos que en el mismo período del 2022. Eso, pese a ver incrementados sus ingresos un 2,4 %.

Negociando un ERE

Pero los próximos días tampoco pintan tranquilos. La compañía se encuentra inmersa en una compleja negociación con los sindicatos para acometer un importante expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa pretende ejecutar en sus tres principales filiales en nuestro país (Telefónica España, Móviles y Soluciones). La última propuesta que la compañía puso sobre la mesa de negociación recogía la salida de 3.959 empleados.

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) se esta produciendo en paralelo a la del convenio colectivo de empresas vinculadas y ambas mesas de diálogo deben cerrarse en torno al 4 de enero del 2024.

Sobre este tema no quiso pronunciarse este martes Calviño. Preguntada por si con esta operación el Ejecutivo trata de evitar el ERE, la vicepresidenta señaló que como se trata de una información sensible que tiene incidencia desde el punto de vista de la valoración de los mercados, prefiere no hacer ninguna consideración por ahora.

Regreso al capital de la operadora casi un cuarto de siglo después 

El Estado regresa al capital de Telefónica. Y lo hace casi un cuarto de siglo después de haber dado carpetazo a su historia como accionista de la operadora, de la que salió definitivamente —o eso pensábamos— en 1999, cuando el Gobierno popular de José María Aznar culminó el proceso de privatización iniciado en la anterior legislatura socialista de Felipe González.

Una renacionalización parcial, esta, que supone un movimiento de gran calado. Tanto que, desde que se completaron las oleadas de privatizaciones en la que se embarcó el país en las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo —y que supusieron el paso a manos privadas de empresas como Endesa, Tabacalera, Argentaria o la propia Telefónica, las joyas de la corona— ningún Ejecutivo había llevado a cabo una operación de este calibre en España. Ni desde el punto de vista financiero, ni del estratégico.

Además de eso, la operación refuerza el papel del Estado como inversor de fuerte peso en el Ibex, el índice que engloba a las 35 mayores empresas cotizadas del país. Y es que, ese 10 % del capital de Telefónica que adquirirá la SEPI, se sumará a una cartera en la que ya figuran Indra (casi un 28 % del capital), Redeia (20 %), Enagás (5 %, el mismo porcentaje que controla Amancio Ortega) o IAG, la matriz de Iberia (2,5 %). Eso a través de ls Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. A lo que habría que añadir el 51 % que tiene en AENA, a través de Enaire, y el 16,1 % que controla en CaixaBank, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En total, casi 23.000 millones a precios de mercado.