El ERE de Telefónica costará los 2.000 millones que el Estado invertirá para entrar en el capital

Termina una semana de vértigo para Telefónica, en la que ha vivido el anuncio de la vuelta del Estado a su accionariado y el acuerdo con los sindicatos del ERE y del convenio colectivo que se llevaba negociando desde hacía varias semanas. El expediente de regulación de empleo supondrá un desembolso para la empresa de casi 2.000 millones de euros, precisamente la misma cantidad que se estima que tendrá que pagar el Estado para la compra del 10 % de la firma.

La estimación de GVC Gaesco basada en despidos anteriores indica que el ERE que Telefónica llevará a cabo en sus tres principales filiales y que afectará finalmente a un total de 3.421 empleados (desde los 5.100 que planteó al principio), el 21 % de la plantilla sujeta al convenio, tendrá un coste para la compañía de entre 1.600 y 2.000 millones de euros. Esto es, un coste por trabajador despedido de entre 468.000 y 585.000 euros. En el plan de salidas acordado en el 2019, en el que se desvincularon de la empresa unas 2.600 personas, Telefónica desembolsó unos 1.730 millones. En el de 2021 salieron de la operadora otros 3.000 empleados y el coste se situó en unos 1.400 millones. Ahora, al tratarse de un ERE en lugar de un PSI (plan de salidas voluntarias), la compañía tendrá que pagar al Estado el coste del desempleo y las cotizaciones sociales de los despedidos. En el 2013 (su último ERE) este coste ascendió a los 350 millones por los 6.800 despedidos. En esta ocasión será de la mitad, ya que los despedidos también se ha reducido un 50%.

El período de adhesión al ERE será del 9 de enero al 8 de febrero. La empresa contestará el 14 de febrero y si no se han alcanzado los 3.421 empleados que voluntariamente se adscriban al despido colectivo, habrá salidas forzosas por edad, indican los sindicatos. Las salidas comenzarán el 29 de ese mes, pero el ERE estará abierto hasta el 31 de marzo de 2015.

La negociación del ERE se ha hecho en paralelo a la del nuevo convenio colectivo para la plantilla, que entrará en vigor el 1 de enero y se extenderá durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2026. Los mayores logros de los sindicatos han sido el mantenimiento de la actual cláusula de revisión salarial vinculada a la inflación, que se ha concretado en una subida salarial del 1,5% al año pero con revisión en relación al IPC a la finalización del convenio. También un plus de productividad de octubre de 300 euros, con 150 euros consolidables por cada año de vigencia del convenio, y el mantenimiento de los bienios y la antigüedad sin limitación.

Destaca el avance conseguido en cuando a jornada laboral, ya que la empresa ha aceptado reducirla a 36 horas semanales durante la vigencia del convenio, convirtiéndose así en la primera gran compañía española en tomar esta decisión. Además, habrá seis días de asuntos propios anuales sin necesidad de justificación, jornada semanal flexible bonificada y seguro de salud dental para toda la plantilla.