El Gobierno regulará el alquiler de temporada para evitar que se burle la nueva ley de vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana estudia qué mecanismos establecer para que no se utilicen los alquileres de temporada en fraude de ley. El ministerio que dirige Isabel Rodríguez constituyó a finales de diciembre un grupo de trabajo para alcanzar una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda habitual. La Ley por el Derecho a la Vivienda (mayo del 2023) encomendaba la formación de este grupo a los seis meses de aplicación de la normativa. A la reunión asistieron representantes del sector inmobiliario y sindicatos, así como de todos los ministerios involucrados.

Los alquileres de temporada están regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU, de noviembre de 1994) y se crearon para el arriendo de viviendas a estudiantes, trabajadores desplazados temporalmente u otras situaciones de duración específica que no buscan un alquiler estable y prolongado. Sin embargo, en los últimos meses se está notando, según intervinientes en los procesos, que se están utilizando para arrendamientos normales contratos de temporada con el único fin de eludir la aplicación de la ley de vivienda. Por ejemplo, se hace un contrato por menos de un año y luego se renueva por períodos limitados, de manera que el arrendador no está sujeto al límite del 3 % en la subida del alquiler o al proceso regulado en los desahucios.

 El Gobierno admite el problema que se está produciendo por la disminución de la oferta de alquiler de vivienda habitual como consecuencia del destino de una buena parte del parque existente a otras categorías de arrendamiento. El presidente de las patronales inmobiliarias Fadei y Amadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, señala que «el 95 % de los que ponen en alquiler viviendas son pequeños ahorradores que no quieren problemas» y que «la ley de vivienda los ha retraído porque cuando se produce el impago de la renta es el casero el que tiene que demostrar que los inquilinos no son vulnerables y, aun así, para desahuciar puede pasar un año».

Gómez Huecas considera que la reunión con el ministerio fue «muy productiva» y destacó lo positivo de que se cuente con el sector inmobiliario. La posición de las agencias inmobiliarias es que el contrato de alquiler de temporada se debe mantener porque da solución a necesidades cortas de arrendamiento. Gómez Huecas recalca que primero se necesitan datos para saber si el aumento del contrato de temporada es un problema nacional o solo se produce en ciudades más tensionadas donde falta vivienda en alquiler.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se mostró a favor de «intentar salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales».

Lucas reclamó al grupo de trabajo «un esfuerzo de consenso» y «rigor» para que la oferta de vivienda no se vea retraída.

Otro de los asistentes al grupo de trabajo, el director del área jurídica y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria API de Cataluña y exsecretario de Vivienda de la Generalitat hasta el 2022, Carles Sala, puntualiza que «no hay datos estadísticos suficientes para concluir que el alquiler de temporada es la puerta de huida de los caseros para no aplicar la ley de vivienda». Sala explica que ellos abogan por hacer más transparente el mercado y que este tipo de alquiler se realice en las situaciones donde de verdad se necesita, pero añade que «poner más restricciones al mercado del alquiler sería ir en la dirección contraria a lo que se necesita».

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos mostró en la reunión su oposición a los alquileres temporales en su actual forma, «que contribuyen a la expulsión de los inquilinos». Urgen a regular y limitar este tipo de contratos y también otras medidas para frenar la especulación inmobiliaria. En concreto, reclaman una regulación de alquileres «real y efectiva» en todos los territorios, la prohibición de los desahucios, más control sobre el alquiler turístico y un aumento del parque público de vivienda empezando con las viviendas vacías y de la Sareb.

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Desde este sindicato recuerdan que durante la tramitación de la ley de vivienda «ya denunciamos que dejar fuera este tipo de contratos permitía seguir con la barra libre del mercado especulativo de los rentistas».

 Las propuestas se presentarán a finales de este mes o en febrero y el texto final se tramitará por vía parlamentaria, según el Ministerio de Vivienda. En el debate se incluyen la obtención de estadísticas fiables, cambios normativos y controles en estos alquileres. En cuanto a los apartamentos turísticos, también serán objeto de análisis y debate, aunque en este caso el grupo de trabajo se formará bajo la dirección del Ministerio de Turismo.