El Gobierno critica la interpretación «muy extensiva» que ha hecho la justicia europea del abuso de la temporalidad en la Administración

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho una interpretación «muy extensiva» en su sentencia sobre el abuso de los empleados públicos interinos en España, algo que a su juicio no está justificado.

Así lo ha indicado el ministro durante su participación en el Foro de Nueva Economía, celebrado este viernes en Madrid y después de que ayer el TJUE dictara una sentencia que insta a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración que no han obtenido aún su plaza, los denominados indefinidos no fijos.

Escrivá subraya que la sentencia «se refiere a unos casos concretos y a un ámbito concreto», y por ello ha apuntado que hay que «ver cómo los tribunales españoles van interpretando lo que les sugiere el TJUE».

Actualmente en España podría haber hasta 900.000 empleados públicos en esta situación, según estimaciones aportadas por varios expertos laboralistas a La Voz. 

Este debate debe ser «de mucho más calado» y abarcar «el reto de la excesiva temporalidad que ha habido en España y que todavía sigue existiendo», ha sentenciado el ministro, al tiempo que ha recordado que afecta a todo al mercado laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.

A su juicio, en España se ha entendido de forma errónea la flexibilidad en el ámbito de las relaciones laborales y por ello en Europa, tanto en esta sentencia como en otros informes y debates «nos entienden mal», ha dicho Escrivá, quien ha insistido en que esto es algo que se ha intentado abordar con la reforma laboral.

Para hacer frente a esta situación, en Gobierno aprobó en el 2021 la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público tras un acuerdo con los principales sindicatos de función pública con el objetivo de atajar la elevada tasa de temporalidad. El objetivo es dejar esa tasa, que ronda el 30% fundamentalmente por el peso de temporales en comunidades y ayuntamientos, en el 8%. Sin embargo, esa ley es la que el TJUE echa por tierra, al sostener en la sentencia que los concursos de méritos no son suficientes para sancionar el abuso de la temporalidad que han ejercido las Administraciones. Por ello apunta a que la mejor solución es hacerlos fijos. 

El ministro ha reconocido que todas las Administraciones Públicas tienen que seguir trabajando, ya que esta situación afecta a la Administración General de Estado pero «incluso en mayor medida» a las comunidades autónomas en los ámbitos de la sanidad y la educación.

En este sentido, ha apostado por trabajar en la planificación de los recursos humanos y ha recordado que el año que viene dejará de funcionar la tasa de reposición, «una de las mayores perversiones» porque lo que hace es «perpetuar la estructura persistente sin plantearte las nuevas necesidades» de las Administraciones.

Para ello, ha remarcado que la secretaria del estado de Función Pública está dedicando «muchísima energía» a que tengamos un marco de referencia para «definir perfectamente qué tipo de trabajadores públicos hacen falta y con qué perfiles».

Convocatorias que se eternizan

Además, hay otro elemento «muy importante» y es el problema de que los procesos de las convocatorias de acceso de funcionarios públicos se eternizan: «Tenemos que recortar muchísimo los plazos de acceso», ha reconocido.

También se ha referido a la sentencia del TJUE la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, quien asegura que no pone en cuestión los procesos de estabilización que se están desarrollando y por los que se van a estabilizar más de 532.000 plazas ofertadas a día de hoy.

Por su parte, el Área Pública de CC.OO. valora la sentencia del TJUE que considera «un nuevo revés a las políticas de contratación llevadas a cabo por las Administraciones Públicas», al tiempo que confía en que sirva para dar una solución de estabilidad en el empleo poniendo poner fin al fraude y abuso en la contratación.