La Xunta exige a los concellos planes de vivienda a 20 años para la declaración de zonas tensionadas

El Gobierno gallego añadió este martes un requisito más a los concellos que, como A Coruña o Santiago, quieran tramitar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con el fin de reducir los precios de alquiler. Aparte de incrementar del 30 al 40 % las reservas de suelo urbanizable para vivienda pública o de tener que presentar una planificación a 20 años vista para abordar esta problemática, la Xunta exigirá que constituyan mesas sectoriales de vivienda con el fin de compartir el análisis de la situación y las posibles soluciones con las empresas del sector inmobiliario, los profesionales, los usuarios y las asociaciones ciudadanas.

La vicepresidenta segunda de la Xunta en funciones y responsable del área de Vivienda, Ángeles Vázquez, participó este martes en Santiago en un encuentro con los miembros del Observatorio da Vivenda de Galicia para dejar claras dos cosas. La primera, que al Gobierno gallego no le gusta la Ley de Vivienda y que la considera inconstitucional. La segunda, que a los deberes que fija la propia normativa para actuar sobre los precios de los alquileres, la Xunta añade uno a mayores: la creación de la mesa sectorial, aparte de considerar que los concellos son la administración «competente» para elaborar planes de vivienda pública a 20 años, pese a que el principal promotor de vivienda pública en Galicia, sino el único, es la Xunta.

«A Xunta, de oficio, non vai declarar zonas tensionadas, cremos que é un paso atrás», manifestó Ángeles Vázquez ante los periodistas, tras recordar que la ley estatal fue recurrida por siete comunidades ante el Tribunal Constitucional. Con todo, admitió que se trata de una norma básica que está en vigor y que la Administración gallega tiene que cumplir.

Pero dicho eso, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se lanzó a señalar lo que, a su juicio, son algunos puntos «engorrosos», como la declaración de las zonas tensionadas o lo que se entiende por gran tenedor de viviendas, que la ley señalada que son los que tienen más de 10 inmuebles, aunque también pueden ser los de más de cinco si los tienen en una misma zona tensionada. «A lei é un engano», insistió Ángeles Vázquez.

También puso de relieve que «ningunha cidade ao completo» podría ser considerada zona de mercado residencial tensionada, salvo, quizás, la excepción de Pontevedra. No sería, en absoluto, el caso de las dos únicas ciudades gallegas que mostraron interés en esta declaración, A Coruña y Santiago. De hecho, en el caso de la última aclaró que, con la ley en la mano, solo podría ser declaradas zonas tensionadas los distritos del Ensanche, Conxo y Pontepedriña.

 Reservas de suelo

Otro de los aspectos en los que incidió Ángeles Vázquez al inicio de la reunión es en los requisitos para tramitar las zonas tensionadas. Lo hizo para echar balones fuera y recordar que es el Gobierno central, y no la Xunta, el que los fijó. Y entre ellos enumeró que los concellos que quieran acogerse a esta declaración deberán incrementar del 10 al 20 % la reserva de suelo para vivienda pública, en el caso de suelo no consolidado, y del 30 al 40 % si se trata del suelo urbanizable.

Además, señaló que la petición a la Xunta debe ir acompañada de una planificación a 20 años vista que refleje qué tiene previsto hacer el ayuntamiento para resolver el problema de los elevados precios de alquiler o la carestía de vivienda. La Administración gallega no solo se inhibe de realizar esta planificación, sino que se la endosa a los concellos, que tendrían que asumir el objetivo de lograr que, en dos décadas, el 20 % de los hogares de las zonas del mercado residencial tensionado fuesen viviendas de protección social.

Un «absurdo»

Desde las alcaldías de A Coruña y Santiago no tardaron en reaccionar a los nuevos requisitos aplicados por la Xunta, en base a la interpretación de la ley estatal, para la declaración de zonas tensionadas. Desde la capital herculina consideran «absurdo» que primero se reclame documentación para respaldar la solicitud municipal, «e despois nos digan que non cumprimos». De hecho, el Concello da Coruña emplaza a la Administración autonómica a que «aclare por escrito» cuáles son los incumplimientos de una ley concebida para contener los precios de los alquileres.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lamentó que la Xunta se dedique a ralentizar la aplicación de la ley, y señaló que en Raxoi «sabemos perfectamente o que está a significar o encarecemento dos alugueres», por lo que remitirán a la Xunta el resultado de sus estudio en cuanto lo tengan para declarar la zona tensionada.