El Estado compra un 3 % de Telefónica 27 años después de su privatización

Paso adelante en el desembarco del Estado en el capital de Telefónica 27 años después de su privatización. La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) anunció este lunes que ya ha adquirido un 3% de la operadora, un porcentaje que seguirá aumentando hasta llegar al 10% anunciado por el Gobierno el pasado diciembre. El anuncio se produjo solo unos minutos después de que Caixabank anunciara que su peso en la compañía se reducía un punto porcentual, hasta el 3,51%, aunque por ahora la sociedad asegura que ambos anuncios no están relacionados.

La SEPI comunicó su compra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el mercado ya cerrado y con Telefónica despidiendo la sesión prácticamente en plano, con una subida de apenas el 0,5%, hasta los 3,99 euros por acción. Los ojos de los analistas están puestos en la apertura de este martes. La operadora mejoró su cotización desde que el Gobierno anunció la operación, hace ya tres meses, en respuesta a la entrada de los saudíes de STC que, aunque se hicieron con un 5% del capital total de la compañía, concentran el 9,9% de los derechos de voto en la entidad a través de otros instrumentos financieros.

Este paquete accionarial, con la cotización a 3,99 euros por título, supone un desembolso público de unos 690 millones de euros. Y la adquisición del 7% restante supondrá, al precio actual, otros 1.600 millones de euros a añadir a la factura. En total, al Estado le costará unos 2.300 millones de euros adquirir el 10% de Telefónica, unos 450 millones más que si hubiera desembarcado en el momento que lo anunció, hace tres meses.

Hasta ahora la operación estaba en espera y desde que el Gobierno descartó presentar unos Presupuestos Generales para el 2024 había dudas en torno a una compra que podía quedar en el aire por la ausencia de unas cuentas actualizadas. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez estaba decidido a no dar marcha atrás y fuentes gubernamentales confirmaban hace solo unos días a este diario que acelerarían la entrada en la compañía para completarla antes del verano, unos plazos que parece que podrán cumplir sin problema.

«El Presupuesto tiene suficiente flexibilidad como para poder ejecutar la operación», señalaban dichas fuentes, que tenían claro que la compra se haría porque es «estratégica» y porque técnicamente es algo que se puede hacer pese a la falta de unas nuevas cuentas públicas. El límite de la deuda que establece cada año la ley de Presupuestos se modifica automáticamente con las necesidades derivadas del déficit, pero no tener Presupuestos podría complicar elevar el endeudamiento de la SEPI para hacerse con el 10% de la operadora.

La propia Telefónica estaba sorprendida de que el Gobierno no hubiera vuelto a dar noticias sobre la operación desde que anunciaron su interés en diciembre del año pasado. El endeudamiento extra de la SEPI no será menor, ya que la compra de esta parte del capital supondrá un desembolso de unos 2.300 millones de euros al Estado, calculados en base a la cotización actual de la compañía.

Fuentes de Telefónica indicaron a este diario tras el anuncio de la SEPI que la compra muestra el interés que despierta una «compañía líder, estratégica y atractiva, no solo en el ámbito de las telecomunicaciones sino también en el desarrollo del conjunto de la nueva era digital, tanto en España como en el plano internacional».

Sobre la fecha en la que el Estado realizará el resto de compras hasta completar el 10% de las acciones, en la compañía no tienen información y aseguran que eso solo corresponde a la SEPI.

Sector estratégico

El desembarco del Estado se produce solo 20 días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la «SEPI digital», un vehículo para movilizar 20.000 millones de euros en inversiones clave para el despegue de España en el sector tecnológico, estratégico para el país.

Aunque en un primer momento el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, sostuvo que «tendría sentido» utilizar esta nueva entidad —Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT)— para irrumpir en Telefónica, finalmente el Gobierno ha descartado esa posibilidad.

Fusiones y pérdidas

El retorno del Estado a Telefónica coincide con un momento de grandes cambios en el sector. El más grande tiene que ver con el vuelco que habrá en el liderazgo de las telecomunicaciones con la fusión entre Orange y MásMóvil. El matrimonio alumbrará al mayor operador en número de clientes de España, desbancando a Movistar (Telefónica), que seguirá siendo la compañía número uno en facturación (un 65% más que el nuevo operador) y empleados (alrededor de un 58% más).

La operación se formalizará este mismo martes, cuando está prevista la firma por parte de los responsables de ambas empresas.

Telefónica facturó 12.654 millones en España el año pasado —40.652 millones en todo el mundo—. Aunque las ganancias ascendieron a los 2.369 millones, las provisiones de 1.320 millones que tuvo que hacer para costear el ERE español (3.393 salidas) y los casi 1.800 millones para un ajuste contable en el Reino Unido, hicieron que la compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete se fuese a pérdidas, con un agujero que ascendió a 892 millones de euros.