Prohibidas las ayudas públicas para instalar calderas de gas a partir del 2025
Economía
No se podrá subvencionar la renovación de calderas si se cambian por otras de combustibles fósiles, según la directiva sobre eficiencia energética de los edificios aprobada hoy definitivamente por la Unión Europea
13 Apr 2024. Actualizado a las 05:00 h.
1 de enero del 2025. Es la fecha a partir de la cual se acabarán las ayudas públicas para renovar las calderas de una vivienda si la que se va a instalar es una caldera de gas natural o de otros combustibles fósiles. Solo se podrán dar subvenciones si se cambia por una caldera de biomasa, de calor o que no utilice combustibles fósiles, según la directiva sobre eficiencia energética de los edificios que acaba de aprobar definitivamente la Unión Europea. No obstante, las actuaciones ya seleccionadas podrán continuar, pero no poner en marcha nuevos programas para esa fecha. Y como la casuística de tipos de calderas es amplia, la Comisión Europea elaborará una guía sobre modelos subvencionables, que debatirá con los Estados, y cuya publicación está prevista para septiembre u octubre.
Sin embargo, en Galicia ya no se incentiva la instalación de calderas de gas natural desde hace años. La última convocatoria del Inega para cambiar los aparatos que usan ese hidrocarburo fue en el 2015.
Mejorar la eficiencia
Ahora, la directiva europea marca obligaciones para los Estados para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir el consumo de energía. En concreto, cada Estado debe lograr una reducción del consumo de los edificios del 16 % para el 2030 respecto al que existía en el 2020 y de entre el 20 y el 22 % en el 2035. Al menos el 55 % de ese ahorro debe conseguirse actuando en los edificios menos eficientes (que representan el 43 % del total).
La senda hacia la descarbonización, que se pretende alcanzar en el 2050, obliga también a la renovación del 16 % de los edificios no residenciales (hospitales, oficinas, comercios, escuelas) de cara al 2030 y el 26 % en el 2033.
No hay obligaciones respecto a los edificios residenciales. Los Estados pueden decidir qué herramientas utilizar para conseguir ese menor consumo. En la primera propuesta que se hizo de la directiva se incluyó que las viviendas que no alcanzasen un mínimo de eficiencia no se pudieran vender o alquilar. Pero esto se eliminó al considerar que no había suficiente apoyo político y social para imponerlo.