Bruselas denuncia a España por la fiscalidad en las divisiones de empresas y da un ultimátum para gravar más a las multinacionales

La Comisión Europea anunció este jueves que ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la fiscalidad que aplica a las escisiones de empresas, que a juicio del Ejecutivo comunitario incumplen el mandato de la Directiva sobre fusiones para «eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas en las que participen empresas situadas en dos o más Estados miembros».

La Comisión envió a España una carta de emplazamiento en enero del 2019 y, posteriormente, en noviembre de ese mismo año, un dictamen motivado para que corrigiese el marco legislativo, pero las autoridades españoles respondieron que este se ajusta a lo previsto en la directiva, lo que ha llevado al Ejecutivo comunitario a elevar el caso al TJUE, para que resuelva la disputa.

Además de consumar ese pulso judicial, la Comisión lanzó también otros tres ultimátums a España para que corrija tres aspectos concretos de su legislación que a su entender también incumplen las normas europeas. El primero tiene que ver con la tributación de los no residentes por las ganancias de capital y su diferencia con el régimen que se aplica a los residentes, que pueden elegir entre pagar los impuestos cuando se devengan las ganancias o a plazos, mientras que el no residente debe pagar en el momento de la transferencia de los activos. El ultimátum adopta la forma de dictamen motivado, segunda fase del expediente sancionador que Bruselas inició por este caso en diciembre del 2021.

El segundo tirón de orejas, con el mismo formato, tiene que ver con el retraso de España (y otros cinco países: Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal) en la trasposición al derecho nacional de la directiva que establece una tributación mínima del 15 % en el impuesto de sociedades de los grupos multinacionales, una medida que debería haber entrado en vigor antes de finales del 2023. Los países amonestados tienen ahora dos meses para responder al requerimiento y adoptar las medidas necesarias para cumplir la directiva. En caso contrario, el caso se llevará también ante el TJUE.

Subcontratación

Por último, el tercer ultimátum lanzado desde Bruselas al Gobierno español tiene que ver con el incumplimiento de las directivas europeas sobre servicios y cualificaciones profesionales, en concreto en lo referente a las reglas para la subcontratación en el sector de la construcción. La Comisión entiende que España «obstaculiza injustificadamente» a las empresas que realizan determinadas labores en el sector (por ejemplo, la instalación de gas, electricidad o aire acondicionado), al impedirles subcontratar a personal cualificado, lo que las obliga a contar en plantilla con trabajadores con esas competencias.

También aquí el Gobierno deberá responder en dos meses y hacer cambios si no quiere que el caso llegue a los tribunales.