El Gobierno ofrece un plus cada 6 meses a quien retrase el retiro más de 2 años

Gobierno y agentes sociales volvieron a sentarse este lunes para avanzar en la reforma pendiente del sistema público de pensiones, principalmente en los cambios de la jubilación activa y la demorada, es decir, respectivamente la que permite hacer la transición paulatina del trabajo al retiro y la que prolonga la actividad profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó una propuesta por escrito a sindicatos y patronal que, entre otros cambios, plantea «la mejora» de la jubilación demorada con la posibilidad de que el trabajador reciba cada seis meses el incentivo económico para prolongar su actividad a partir del segundo año.

De este modo, cuando se acceda a la pensión de jubilación por un período de demora superior a los dos años, y si este retraso sobrepasa los seis meses pero es inferior a los doce, al incentivo que le corresponda al trabajador se le sumará un 2 % adicional.

Cabe recordar que este plus, creado siendo ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, se percibe actualmente con periodicidad anual y consiste en un incremento del 4 % en la pensión por cada año que se retrase el retiro, o bien el cobro de un cheque por una cantidad fija en un pago único o un combinado de ambas fórmulas.

Al término de la reunión, fuentes del ministerio valoraron positivamente el encuentro, señalando que en este se habían realizado «grandes avances, con un acercamiento importante de posiciones en el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas, el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en relación con la implicación de las mutuas en la incapacidad temporal, así como la situación de los trabajadores fijos discontinuos».

El ministerio que ahora lidera Elma Saiz también trasladó a los agentes sociales un nuevo marco legal de compatibilidad de trabajo y pensión «con diferentes fórmulas para mejorar el tránsito del trabajo a la jubilación para que pueda ser más gradual y adaptado a las circunstancias de cada trabajador, algo extendido en los países de nuestro entorno».

En este sentido, el Ejecutivo propone un nuevo esquema «más flexible» de la jubilación activa, de modo que cada año de demora con este tipo de retiro paulatino, el porcentaje de compatibilidad con la pensión es mayor. Asimismo, se elimina la incompatibilidad actual existente con el cobro del incentivo de demora.

En concreto, el documento entregado a los agentes sociales mantiene la obligación de retrasar al menos un año la jubilación para poder compatibilizar la percepción del salario con el cobro de la pensión, mientras que se eliminan la vigente exclusión del complemento de demora y la exigencia de una carrera de cotización completa.

Cinco años para cobrar el 100 %

Asimismo, cuando se genera el derecho al cobro del incentivo a la jubilación tardía, el Ejecutivo propone que el porcentaje de pensión que perciba el beneficiario suba paulatinamente, en función del tiempo que se retrase su salida del mercado laboral.

En concreto, tras un año de demora, el trabajo será compatible con el 30 % de la pensión; con dos años se percibiría el 40 % de la prestación, que subirían al 50 % a los tres años y al 75 % con cuatro, de modo que a partir de cinco años se generaría el derecho a percibir el 100 % de la pensión.

La regulación actual no permite percibir la totalidad de la prestación, salvo si la actividad se realiza por cuenta propia y se tiene contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. La reforma que proponía el Gobierno elimina la singularidad por contratación de un asalariado.

ATA denuncia recortes

Lo ofrecido por el Ejecutivo no ha gustado por igual a todos los interlocutores sociales, ya que mientras que desde UGT se perciben avances, la federación de autónomos ATA denuncia recortes de derecho para su colectivo.

La secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, lamentó que el acuerdo social sobre jubilación parcial y contrato de relevo esté todavía «muy lejos», pese a que confía en acercar posturas antes de agosto. Sí reconoció que se avanzó «bastante» sobre la cotización de los fijos discontinuos, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal y sobre los coeficientes reductores, aunque admitió que en las dos últimas materias, quedan «algunos asuntos pendientes».

El , habló de recorte de derechos por parte de quien «se autodefine como Gobierno progresista». Insistió en que la propuesta del Ejepresidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amorcutivo «pretende recortar un 40 % el importe de la pensión que cobrarían los autónomos en jubilación activa. Hoy compatibilizan trabajo y pensión cobrando un 50 % de esta, y pretenden que se pase a cobrar un 30 % el primer año... Vamos para atrás».

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse dentro de una semana.