Las familias con empleadas del hogar deberán dejar que reciban formación en horario laboral

Nuevo paso adelante en el proceso para equiparar a las empleadas del hogar con el resto de los trabajadores del régimen general. El Gobierno aprobó este martes un real decreto que mejora las condiciones laborales de este colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres, con el objetivo de cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y regular aspectos como el derecho a recibir formación sobre riesgos laborales en horas de trabajo, pasar reconocimientos médicos periódicos o disponer de protocolos para actuar ante casos de violencia o acoso.

La nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, generará nuevos derechos en materia de salud y prevención laboral para las trabajadoras del servicio doméstico que están dadas de alta en la Seguridad Social, pero también fija nuevas obligaciones para las familias que las tienen contratadas, que podrán ser incluso sancionadas por la Inspección de Trabajo si no las cumplen.

Y es que será «responsabilidad» de la persona empleadora «vigilar» el estado de salud de su empleada del hogar, que tendrá derecho a realizarse un reconocimiento médico, en el que se tendrán en cuenta «todos los riesgos a los que la persona trabajadora puede quedar expuesta», según establece la nueva norma. La responsabilidad de que se lo hagan recaerá sobre los hogares, que deberán acreditar que las trabajadoras a su servicio cuentan con este chequeo médico, al que tendrán que someterse, salvo excepciones, al menos una vez cada tres años, a menos que ellas no quieran hacérselo.

El reconocimiento médico será uno por empleada —aunque trabaje en varios hogares— y no implicará «ningún coste a las familias», puesto que, tal y como recalcó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, podrán hacerse de forma totalmente gratuita a través de los servicios públicos de salud sin necesidad de tener que formalizar un contrato de seguro.

Las familias empleadoras también tendrán la obligación de someter su hogar a una evaluación de riesgos laborales a través de una herramienta online que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de forma también gratuita. No obstante, la entrada en vigor de este apartado se retrasará hasta el año 2026, puesto que el Ejecutivo se da diez meses de plazo para poner esta herramienta en marcha, y otros seis meses más para hacer exigible su aplicación en los hogares.

Riesgo de sanciones

El INSST también elaborará una guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en los trabajos domésticos que, en caso de incumplirse, supondrá una infracción por parte de los hogares y podrá ser objeto de sanción por parte de la Inspección de Trabajo, según explicaron fuentes del ministerio. De igual manera, se pondrá a disposición de las trabajadoras en el plazo máximo de un año un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso.

Otra obligación de las familias será proporcionar a sus empleadas domésticas gratuitamente los equipos de trabajo adecuados así como los equipos de protección individual (EPI) para el desempeño de sus funciones y adoptar las medidas necesarias para que su utilización pueda efectuarse de forma segura. Es más, las trabajadoras podrán paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente sin que pueda suponerles el despido o perjuicio alguno.

Asimismo, las empleadas del hogar tendrán derecho a recibir formación en materia preventiva en el momento de su contratación y será el SEPE el encargado de proporcionar estos cursos a través de una plataforma, que deberán realizar durante su jornada laboral o ser compensadas por ello con tiempo de descanso.

«Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos. Por tanto, hoy el Gobierno de España es un Gobierno comprometido con los derechos de las trabajadoras del hogar, pero es un Gobierno, además, feminista», recalcó en rueda de prensa Yolanda Díaz, que insistió en que «nadie [ni Gobierno ni familias] va a ver incrementados sus gastos» por esta norma.

Un colectivo de 360.000 personas, 22.600 en Galicia

El real decreto impulsado por el Gobierno solo afecta a las empleadas formales del servicio doméstico, afiliadas a la Seguridad Social, un colectivo que en España está formado por algo más de 360.000 personas dadas de alta en el régimen especial para Empleados del Hogar, según los datos relativos al pasado mes de agosto. El 95 % de esta fuerza laboral la conforman mujeres, el 45 % de ellas migrantes, y el grupo mayoritario es el que tiene una edad comprendida de entre 40 y 50 años. Un tercio de estas trabajadoras se concentran en las grandes áreas urbanas de las comunidades de Madrid (98.029 personas afiliadas) y Cataluña (54.038). En Galicia hay 22.629 altas en este régimen.