La Xunta pide menos rigidez al Estado para utilizar mejor los fondos de fomento del empleo

El Gobierno gallego ha solicitado formalmente al Gobierno central que los fondos destinados a las políticas activas de empleo dispongan de criterios de uso menos rígidos para poder destinarlos de manera más flexible a acciones formativas definidas desde la comunidad, y evitar así la perspectiva de que las ayudas queden sin ejecutar y tengan que ser devueltas o detraídas de futuras transferencias del Estado.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que dirige José González Vázquez, tiene consignados en sus presupuestos 275 millones de euros para políticas de empleo transferidos por varios programas de la Administración del Estado y de la Unión Europea que están identificados como «finalistas». Es decir, que solo pueden invertirse en acciones específicas que tengan objetivos cuantificables e indicadores de ejecución medibles, lo que, en opinión del Gobierno gallego, supone un «obstáculo» que introduce rigidez en el desarrollo de acciones «que pudieran resultar más útiles».

Este es el argumento esgrimido en una carta que el conselleiro José González ha remitido a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que advierte que buena parte de fondos destinados para la cualificación o la reorientación laboral de los trabajadores «quedan encasillados —señala la misiva— y sujetos a la materialización de determinadas actividades» sobre las que en algunos casos no hay demanda o interés, «imposibilitando la reorientación de un porcentaje importante del presupuesto de la Consellería» a actividades con mayor interés.

En la mesa de la Moncloa

El conselleiro de Emprego recuerda también que la petición para dotar de mayor flexibilidad al uso de los fondos para políticas activas de empleo fue trasladada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hace tres semanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa. Y tras comprobar que no se ha dado ningún paso en la dirección de eliminar ese corsé, la Administración gallega insiste en su demanda, ahora dirigida a Díaz.

La financiación para las políticas de empleo es acorde a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su destino viene marcado por el reparto por comunidades que se hace en la Conferencia Sectorial de Empleo, que impone que el proveedor de la formación sea siempre un centro homologado y que la materia concreta se ajuste al catálogo del ministerio.

Esto limita mucho, entiende la Xunta, la posibilidad de que la formación penetre más en el tejido productivo a través de las propias empresas o los clústeres empresariales, a los que quiere dar mayor protagonismo el Gobierno gallego, pues considera que son los que conocen mejor las demandas de empleo que tienen,