Repsol invertirá 15 millones en Portugal para poner en marcha un proyecto de hidrógeno verde

La intención del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de prorrogar el gravamen energético —y el bancario— para convertirlos en permanentes ha reactivado la polvareda que este impuesto ha generado en compañías como Repsol, cuya dirección mantiene «congeladas» las inversiones industriales en España a la espera de que el Ejecutivo clarifique el diseño de ese impuesto. Así lo señalan fuentes de la energética, una postura que no es nueva, pero sí se pone encima de la mesa cada vez que el Gobierno expone sus intenciones. Esta vez ha sido de la mano de Cuerpo, quien ya anticipó la semana pasada en el Consejo de Ministros la idea de convertir en permanentes ambos gravámenes dentro de sus cálculos para incrementar los ingresos tributarios, incluido dentro del plan fiscal remitido a Bruselas. Aunque Cuerpo ha aclarado que habrá que hacer «ajustes» en el impuesto por el nuevo contexto económico, para Repsol no sería suficiente un maquillaje para minimizarlo aplicando deducciones por inversiones verdes, como así está previsto. La firma, que dirige Josu Jon Imaz, se muestra contraria al hecho en sí de aplicar el tributo por considerarlo «discriminatorio».

Y para muestra de su posición, Repsol ha elegido su complejo industrial de Sines, en Portugal, para invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable. Se trata de un proyecto de un electrolizador de cuatro megavatios (MW) con una capacidad para generar unas 600 toneladas anuales de hidrógeno. Allí no hay «inestabilidad» regulatoria en materia de impuestos, insisten desde la firma. La fricción entre Moncloa y la energética viene de lejos. Hace ahora un año Repsol aprovechaba la presentación de resultados trimestrales para lanzar una advertencia al Gobierno si prosperaba el acuerdo entre PSOE y Sumar por el que se mantendría el gravamen extraordinario, aunque solo estaba pensado para dos años. La compañía avisaba entonces de que podrían peligrar sus inversiones en España si sale adelante esta medida que, a su juicio, «castiga» a las empresas que, como Repsol, «invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética».

Meses de tensión

La llamada de atención llega dos días después de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz rubricaran el acuerdo de gobierno con la prórroga del gravamen extraordinario por el que las energéticas tributan a un tipo superior al 4 % sus ingresos y del que Hacienda ha recaudado solo este año unos 1.700 millones de euros en el sector, y hasta 2.900 incluyendo la banca. Para Repsol, esta prórroga implicaría que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España».

No es la primera vez que el grupo se oponía a este impuesto por los beneficios obtenidos desde el 2022 gracias al repunte del precio del petróleo. Repsol insiste en que esta figura fiscal «favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España», donde Repsol destina el grueso de sus inversiones.