Los combustibles a precio de derribo afloran un fraude millonario en 800 gasolineras

¿Cómo es posible que un litro de diésel costase esta semana, de media, 1,40 euros y haya gasolineras en la Península donde se venda a menos de un euro? Las diferencias abismales de precio entre dos estaciones de servicio ubicadas a ambos lados de una avenida industrial reflejan cómo el fraude del diésel se ha extendido por España como una mancha de aceite que ha impregnado a una buena parte del sector, con impacto en las empresas y, sobre todo, en la recaudación de Hacienda. Si la brecha de coste es superior a los 15 céntimos entre la media y lo que algunas estaciones venden el gasoil, las alarmas del fisco se encienden.

Porque por muy liberalizado que esté el sistema, esa distancia inusual es la que ha llevado a la Agencia Tributaria a desarrollar operaciones contra el fraude del IVA. La última, hace apenas una semana, alcanzaría un valor defraudado de 133 millones de euros. El conductor solo se percatará de este problema por los bajos precios de algunas gasolineras. Porque el producto del que se surte no afecta al vehículo, pero sí al el sector. Se estima un fraude que afecta al 25 % del volumen de gasoil que se vende en España; a unas 800 estaciones de servicio, entre el 6 % y el 8 % del total; con una sangría de 1.900 millones de euros para las arcas públicas y el riesgo de quiebra de una parte de las gasolineras por competencia desleal de las que adquieren este diésel tan barato para venderlo en condiciones ventajosas.

No liquidar el IVA

El fraude del diésel consiste en que un distribuidor de combustible no liquida el IVA correspondiente (con un tipo del 21 %) ni tampoco otras tasas que se pagan por cada litro de combustible cuando lo vende a la estación de servicio, que sí lo repercute en sus clientes al comercializar el diésel en el surtidor.

Es decir, se genera una especie de ganancia fantasma —un margen de dinero negro— de hasta un 21 % por un IVA que paga el cliente pero que la distribuidora no liquida al fisco. Para evitar cualquier responsabilidad, ese operador cierra su actividad a las pocas semanas o meses sin dejar rastro.

El origen de este problema se remonta al 2015, según apuntan fuentes del sector. Entonces la ley permitió que los minoristas pudieran vender a otros minoristas o mayoristas el combustible. Se pasó de un reducido número de operadores a miles de empresas actuando. «Eso acabó llamando la atención de los delincuentes internacionales», apunta Víctor García Nebreda, secretario general de las organizaciones Aeescam y Aevecar, al ver un campo de juego para sus intereses que les llevó a actuar en toda España.

Estas mafias -la mayoría, del ámbito mundial- ofrecerían supuestamente un combustible más barato del habitual (muy por debajo de precios medios del mercado) a las gasolineras al no incluir la liquidación posterior del IVA. Y esa situación ha derivado en que un empresario de la gasolinera haya visto cómo la instalación más cercana ofrecía precios inusualmente más bajos, provocándole un verdadero agujero.

Por la vía italiana

La solución más efectiva se encuentra en los despachos del Congreso de los Diputados. En concreto, en la proposición de ley por la que España va a aplicar un impuesto mínimo a las grandes multinacionales. Los grupos trabajan para incluir una disposición corta pero muy concisa: la obligación de que cuando el distribuidor saque de los depósitos de hidrocarburos el diésel, liquide el IVA correspondiente sin esperar a futuro.

Es la denominada vía italiana, una propuesta que también se puso en marcha en el país transalpino cuando el fraude alcanzó cotas insoportables para la economía. Ahora apenas representa un 1 % o 2 % de las ventas. Desde la Asociación de Productores Petrolíferos (AOP) consideran «urgente» esta modificación legal «porque el grueso del fraude está en el IVA y esto sería lo más eficaz», dicen en la organización.

El miércoles 30 será el día 'D' para conocer el resultado final de este proceso legislativo que ha sido planteado por PNV, Junts y ERC en una enmienda que debe ser refrendada por otros como PSOE y PP. «No la vemos con malos ojos», indican fuentes parlamentarias que ya dan casi por segura su aprobación para atajar este fraude millonario.