Merlin y Colonial siguen a las energéticas y amagan con irse de España si tocan su fiscalidad

Los tambores de guerra vuelven a resonar frente a la pretensión del Gobierno de subir impuestos a las empresas. Después de que el lunes PSOE y Sumar acordaran suprimir las ventajas fiscales de las que disfrutan las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), que solo tributan un 1 % de su beneficio en el impuesto de sociedades, en lugar del tipo general del 25 %, las dos mayores, Merlin Properties y Colonial, han amenazado con paralizar sus inversiones e incluso irse del país si se empeora su fiscalidad.

Ambas han copiado la estrategia que tan buen resultado le dio a las empresas energéticas, ya que el amago de Repsol o Iberdrola, sumado a la presión ejercida por PNV y Junts —tratando de proteger las inversiones en País Vasco y Cataluña—, acabó doblando la mano al Ejecutivo, que aceptó no prolongar el impuesto extraordinario sobre sus beneficios, a diferencia de lo que ocurrirá con el de las entidades financieras, que sí seguirá gravándolos.

Aunque el acuerdo alcanzado este lunes entre los socios del Gobierno puede no salir finalmente adelante por falta de apoyos parlamentarios, las socimi no han perdido tiempo para desplegar su ofensiva y protegerse de un potencial pellizco fiscal.

Tanto Merlin como Colonial cotizan en el IBEX, donde el martes sus títulos sufrieron un importante castigo —caídas del 7,3 % y del 5,03 % respectivamente— tras conocerse el pacto de PSOE y Sumar. Por eso la socimi que dirige Ismael Clemente envió una comunicación esa misma noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): «A la vista de las circunstancias, la compañía evalúa en estos momentos distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, para el supuesto de que dicha aprobación se produzca», señaló Merlin, que no excluye «ninguna posibilidad legal a nuestro alcance».

La socimi, que está presente en España y Portugal, explicó que dicha evaluación se centra, a corto plazo, en calcular el impacto efectivo en el flujo de caja de esta propuesta fiscal del Ejecutivo, aunque lo prevé «limitado» por el efecto conjunto de diversas normas fiscales, como la aplicación de bases imponibles negativas o tener fuera del país parte de su actividad.

Adiós a la inversión extranjera

En lo que respecta a Inmobiliaria Colonial, dirigida por Juan José Bruguera y Pere Viñolas, aunque durante la escalada secesionista de Cataluña trasladó su sede social a Madrid, mantiene una intensa actividad en Cataluña y también tiene peso en París, tras la reciente absorción de su filial Société Foncière Lyonnaise (SFL). Con un negocio geográficamente diversificado, Bruguera indicó que «reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y estructura jurídica» si sale adelante el citado acuerdo.

Lo considera «muy grave», hasta el punto de que dicha modificación normativa haría de España un «territorio prohibido» para la inversión internacional.

Merlin, además, critica que se utilicen de forma reiterada, argumentos que vinculan a las socimis con la vivienda, ya sea por las subidas de precios o la restricción actual de oferta en España, y recuerda que ni Merlin ni ninguna de las otras tres socimis que actualmente cotizan en el mercado continuo, operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de los operadores internacionales con los que compite.

No operan en vivienda

Añade que en la legislación sobre socimis ni siquiera se menciona la palabra vivienda en el articulado, por lo que «parece claro que el legislador no quiso vincular este régimen especial con el mercado residencial».

Creadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la liquidez en las inversiones tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en el 2008, las socimis compran activos inmobiliarios —desde pisos a oficinas o centros comerciales— para alquilarlos. Fue en la etapa de Mariano Rajoy cuando se les dio un régimen fiscal especial para atraer inversores foráneos, no tributando por el impuesto de sociedades, siempre que repartan al menos de 80 % de sus los dividendos entre los accionistas, que tributan por ellos al 19 %.

Al cierre del 2023 cotizaban 116 socimis, lo que hace de España el principal mercado de Europa por número, con 24.000 millones de capitalización bursátil.

 El castigo fiscal al seguro privado de salud perjudicará a 12,4 millones de personas

El acuerdo de PSOE y Sumar también incluye endurecer la fiscalidad de los seguros privados de salud. La medida ha caído como un jarro de agua fría en el sector asegurador, justo en un momento en el que sus relaciones con el Ejecutivo acusan la tensión de la espantada general al concurso de Muface, la mutualidad que presta asistencia a los funcionarios.

La patronal del sector, Unespa, ha criticado con dureza la pretensión del Gobierno y, a través de un comunicado, asegura que eliminar la exención del Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS), que hasta ahora está vigente en las pólizas de salud, supondrá encarecerlas un 8 %, lo que perjudicará a 12,4 millones de personas.

No solo para ricos

PSOE y Sumar argumentaban que dicho beneficio fiscal tiene un «sesgo regresivo» y beneficia fundamentalmente a las personas y familias de renta alta. Pero Unespa lo desmiente, asegurando que el seguro de salud se contrata «por personas de todos los niveles de renta».

«Al cierre del 2023, el seguro privado de salud contaba con 12,4 millones de asegurados distribuidos por toda España. Es decir, uno de cada cuatro ciudadanos decide voluntariamente contratar esta protección. Se trata de personas de muy diversos perfiles socioeconómicos que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida», explica la patronal.

Unespa augura que el cambio fiscal provocará un aumento de la presión sobre la sanidad pública, al caer quienes contraten seguros privados de salud.