La regulación eólica de Galicia podrá abaratar el gasto en luz de los negocios en 400 euros al mes

El alquiler del local, la factura de la luz y las nóminas del personal (si lo hay) son los tres grandes gastos fijos para cualquier negocio o pequeña empresa, a los que se suman otros suministros (proveedores, wifi, agua, gas...) y los ineludibles impuestos como el IVA trimestral o el de actividades económicas.

De todas estas variables, la que más se encarece año tras año es el arrendamiento del local, seguido del gasto energético. La media que destina un negocio autónomo en España para sufragar la factura eléctrica supone un 20 % de los costes totales de su actividad, lo que se traduce en un importe que supera los 800 euros mensuales de media para actividades como una cafetería, un restaurante, una panadería o una frutería que dispongan de cámaras de refrigeración. En el caso del comercio minorista, moda, servicios profesionales y otras actividades similares, los importes medios de coste energético rondan de media los 500 euros mensuales, según datos constados por la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, organización que, tras estudiar el proyecto de regulación del sector eólico que tiene en marcha la Xunta, llega a la conclusión de que su aplicación podría permitir un ahorro anual a estos negocios de hasta 5.000 euros al año solo en la factura de la luz.

 Negocios más competitivos

El estudio parte de que el plan de la Consellería de Economía e Industria tiene como objetivo que el 50 % de la electricidad producida en la comunidad se quede en el territorio gallego y, de manera especial, en el entorno de los parques eólicos en los que se genera. «Esto permitirá que las actividades económicas que se encuentran en entornos no urbanos puedan generar comunidades energéticas a través del volcado de parte de la energía que genera el parque eólico de su entorno», expone UPTA para explicar que esta estrategia energética «abaratará los costes de la electricidad significativamente, y lo que es más importante, hará que los negocios existentes sean actividades mucho más rentables económicamente».

Según lo que se conoce de la regulación impulsada por la Xunta, la venta del 50 % de la energía producida queda comprometida para el suministro a «consumidores locais e industriais das zonas situadas no ámbito de influenza dos proxectos» o, en su defecto, de la comunidad, por un plazo mínimo de cinco años. Las empresas podrán sellar los contratos directamente con los clientes o a través de compañías comercializadoras.

Si las actividades económicas del área de influencia abaratasen su coste de energía, se reducirían también sus costes fijos en un 50 %, lo cual tendría un efecto muy positivo para la economía de cientos de miles de trabajadores autónomos en Galicia, dice UPTA. «Es hora de que podamos beneficiarnos de políticas energéticas que apoyen el desarrollo de los negocios y se comprometan con el medio ambiente», dice Eduardo Abad, secretario general de esta organización.