Trabajo y sindicatos firman el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este viernes con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, que entrará en vigor antes de finalizar el 2025, tal y como estaba rubricado en el acuerdo de investidura, según ha asegurado la ministra.

El pacto, del que se desmarcó la CEOE, comienza a dar forma a un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno, pero que en la última semana ha suscitado diferencias en los plazos de aplicación entre los socios PSOE y Sumar.

En el acto de la firma, celebrado en el Ministerio de Trabajo, Díaz ha resaltado que este «es un momento de altura histórica» y ha subrayado que esta rebaja del tiempo de trabajo afectará directamente a 12 millones de trabajadores que tienen una jornada superior a las 37,5 horas, también a los trabajadores a tiempo parcial, a los que «se les van a incrementar sus derechos y sus salarios».

«No es un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país (...) Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo. Nos propusimos luchar contra la precariedad laboral en la legislatura pasada y lo hemos conseguido. Nos dijeron que era imposible reducir la jornada laboral y aquí estamos, lo vamos a hacer», ha destacado Díaz, que ha remarcado que por medidas como esta merece la pena «partirse la cara en política».

«Se salda una deuda con los trabajadores»

La vicepresidenta segunda ha subrayado además que con este acuerdo «se salda una deuda» con los trabajadores, porque «trabajar menos no puede ser solo una prerrogativa de la gente de la banca, de las consultorías, de los tres millones de empleados públicas o de las grandes empresas».

«Se acabó en este país que en materia de jornada tengamos trabajadores de primera y de segunda», ha apuntado Díaz, que ha resaltado que este será un derecho que alcance a las cajeras de los supermercados, a las dependientas, a las trabajadoras del cuidado o a las empleadas del hogar, a los camareros y a la gente de la limpieza, trabajos que son mayoritariamente femeninos y ocupados por jóvenes.

Díaz ha asegurado que la norma saldrá este viernes a consulta pública «para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado», a fin de que «antes de acabar el año 2025 quienes tengan una jornada de 40 horas ganen media hora de vida más al día». Junto a la rebaja de jornada sin recorte salarial, esta reforma del tiempo de trabajo contemplará además el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y la mejora del registro horario.

Sobre este último punto, Díaz ha explicado que se establecerá un registro horario telemático, al que pueda acceder en remoto la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumplen las jornadas establecidas.

«Será un registro de jornada digital y fiable para garantizar la transparencia, prevenir abusos y directamente la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuál es la jornada que hacen los trabajadores», ha señalado la ministra.

El acuerdo contempla sanciones individualizadas a las empresas que incumplan con la jornada estipulada. «Antes era una sanción única por la empresa, bastante barato, por cierto, pues ahora va a ser por cada trabajador afectado», ha proclamado Díaz.

Los sindicatos se movilizarán si la norma se altera en el Congreso

Por su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha indicado que no descartan movilizaciones si la medida sufre modificaciones regresivas para los trabajadores durante su tramitación parlamentaria, por lo que ha asegurado que las organizaciones sindicales vigilarán el desarrollo de la norma.

«Somos conscientes de que la CEOE va a presionar», ha recalcado Sordo, que ha indicado que no descartan que la medida se bloquee en el Congreso de los Diputados, para lo que ha indicado que continuarán reuniéndose con las formaciones políticas para que aclaren su posición sobre el recorte.

En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que en enero se retomarán esos encuentros con las formaciones con representación en el Congreso y que pedirán argumentaciones «rigurosas».

«Estamos escuchando tal cantidad de argumentos sin ningún tipo de rigor que o hay una ignorancia importante en relación al sistema de relaciones laborales en nuestro país sobre la jornada de trabajo o hay muy mala fe y un intento de confundir a los ciudadanos», ha avisado.

Los líderes sindicales han lamentado que la CEOE y Cepyme no se hayan sumado al acuerdo para reducir la jornada laboral finalmente, porque «es mejor un acuerdo tripartito», pero Sordo ha recordado que no se puede «dar derecho de veto a nadie» y la patronal estaba «bloqueando» las negociaciones.

No obstante, Álvarez ha dejado la puerta abierta a CEOE de «seguir hablando» sobre la reducción de la jornada porque «hoy no cerramos nada» sino que se «abre un proceso». «Somos conscientes de que será un proceso complejo, a partir de un texto que para nosotros es fundamental, podemos y debemos hablar para generar una amplísima mayoría para que la Cámara refleje lo que refleja la sociedad», ha recalcado.

Con este acuerdo, se pone fin a una negociación que se inició hace 11 meses y que ha pasado por distintas fases (sindicatos con la patronal, negociación tripartita y en las últimas semanas sólo entre el Gobierno y los sindicatos).

«Va a perjudicar a las pymes», dice la Xunta

El conselleiro de Emprego, José González, ha censurado que el Ministerio de Trabajo haya alcanzado solo un acuerdo con sindicatos para la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, «de espaldas» a la patronal. Prevé que este «vodevil» va a «perjudicar» de forma «muy importante» a las pymes, según recoge Europa Press.

«La negociación, o no negociación, que acabamos de ver, pues refleja muy bien lo que es este gobierno. Un conjunto de imposiciones, de ultimátums, de choques entre ministerios, de una ideología totalmente arcaica», ha afirmado en declaraciones a los medios este viernes.

Incide en que, «desde el respeto» a los derechos de los trabajadores, acusa a esta propuesta de «falta de sensatez» y «demonización de los empresarios», ya que «debe haber un rigor técnico evidente».

Contrapone que, en vez de una negociación «seria» a tres bandas, haya habido un «vodevil que no oculta lo que está en juego: que es la competitividad de las empresas y la calidad del trabajo».