Los transportistas lamentan la falta de exenciones para combustibles renovables en 2025
Economía
Los carburantes verdes están sometidos a la misma carga impositiva que los fósiles
09 Jan 2025. Actualizado a las 11:35 h.
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), patronal del transporte profesional terrestre en España, lamenta que el Gobierno no contemple la aprobación de tipos impositivos reducidos o exenciones para los combustibles renovables en la batería de normativas tributarias para 2025. Estas fuentes de energía de baja o neutra huella de carbono se obtienen a partir de materias primas alternativas a las fuentes fósiles y, según la patronal, disminuyen la huella de carbono en un promedio del 82 % y pueden alcanzar incluso una reducción total del 100 %, en comparación con los combustibles fósiles.
El Gobierno ha extendido hasta fin de año la deducción del 15 % en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, con un máximo de 3.000 euros, más la exención del Impuesto de Matriculación los primeros dos años y un 75 % de bonificación desde el tercero. El vicepresidente de Astic, Ramón Valdivia, afirma que los objetivos que esgrime el Ejecutivo para establecer estos beneficios son tres: promover la transición de los combustibles fósiles a energías renovables para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de nuestra seguridad energética. A su juicio, estos objetivos «también se logran utilizando combustibles renovables que, sin embargo, continúan sometidos a la misma carga impositiva que los de origen fósil», señala en un comunicado.
De esta manera, la patronal defiende que la reducción de la política fiscal a estas fuentes de energía es una solución realista para que sectores como el transporte pesado por carretera, la aviación y el transporte marítimo puedan reducir ya sus emisiones. Para Astic, un impuesto cero para biocarburantes como el aplicado en Francia podría bajar el coste total de propiedad de coches gasolina y diésel hasta 6.000 y 5.000 euros, respectivamente, lo que reduciría el coste en un 24 % para los usados y entre un 13 % y 15 % para los nuevos.