Celaá da el primer paso para un cambio total en las oposiciones a docente

La ministra Isabel Celaá acudió a la comisión de Educación del Congreso para presentar las líneas maestras de su departamento en la legislatura que se acaba de estrenar, y anunció el arranque en el plazo de un año de lo que prevé será una reforma revolucionaria de las oposiciones a docente. El equipo del ministerio se decanta por el modelo mir (aunque no lo quieren asociar a esa marca): grado de Magisterio o máster para ser profesor en secundaria; un examen coordinado pero descentralizado por comunidad, con plazas suficientes para cubrir las necesidades de la escuela pública y privada de un año después; y unas prácticas pagadas pero verdaderamente tuteladas (sin responsabilidad en solitario), durante un año; acceso final a la función pública. A eso se sumará la formación permanente y el diseño de una carrera profesional.

La presidenta de los decanos de Educación, Carmen Fernández Morante, confirmó esta línea de trabajo, y apuntó que no hay decisiones tomadas pero sí una idea clara de lo que se quiere. Por ejemplo, la próxima semana comenzará a trabajar un equipo técnico para saber qué perfil de docente necesita España, un dibujo que se determinará hablando con maestros e investigadores. «Una vez que se decida qué competencias debe tener el profesor del futuro —explica Fernández Morante— será el momento de diseñar la formación que debe recibir ese aspirante a profesor». Sin duda exigirá una revisión completa de los planes de estudio de grados y máster.

Durante esta parte de la formación en la universidad, los estudiantes mantendrán las prácticas, que ahora suponen más o menos el 20% de la carrera y del máster. «Creemos que estos períodos son necesarios y complementarios a la práctica tutelada de la que habla la ministra», dice Morante.

Sin responsabilidad en solitario

Entonces llegará el proceso de inducción a la profesión: las oposiciones. Habrá un examen teórico que «tendrá directrices comunes pero adaptado a cada comunidad, que tiene que desarrollar la prueba e implementarla». Este examen ofertará tantas plazas como el sistema considera que se necesitan al año siguiente, a partir de las jubilaciones o ampliaciones de centros previstas. Una vez aprobada la prueba el estudiante realizará las prácticas tuteladas, muy diferentes a las actuales: «Ahora un funcionario interino en prácticas ya tiene la oposición ganada y, salvo casos muy aislados, no la pierde» y además «se enfrenta en solitario a la labor docente», muchas veces en condiciones complicadas y sin apoyos.

No será así en el futuro, cree Morante. Los decanos de Educación querían que este período de inducción durase dos años y llevase a los alumnos por diferentes tipos de colegio, pero posiblemente las exigencias económicas obliguen a dejar la práctica en un año. «¿Cuánto costaría? Es complicado saberlo pero recuerdo que se hacían cálculos de que podría costar 1.500 millones de euros anuales al Estado». Sería el dinero destinado a los sueldos de los nuevos profesores, pero también al complemento para sus tutores y al pago de un segundo maestro que cubriese las horas de docencia del tutor.

Este será una pieza fundamental, igual que los centros donde se formen los nuevos maestros. «Tendrán que ser seleccionados con criterios muy exigentes para garantizar la misma calidad de la formación».

En la primera reunión la Lomloe tiene ya 168 votos

En la reunión de ayer se habló mucho de la nueva ley. En esta primera sesión la ministra sabe que ya cuenta con 168 votos (insuficientes todavía) para su norma: Bildu (5 diputados), PNV (6), Más País (2), Unidas Podemos (35) y PSOE (120) se comprometieron a apoyarla. También lo hicieron los grupos catalanes —Junts per Catalunya (8) y ERC (13)— pero con salvedades: los primeros (JxC) pedían que se garantizase la escuela concertada y Esquerra, que en los conciertos no se incluyese a los colegios que diferencian por sexo. En la bancada contraria, PP (88) y Vox (52), y Ciudadanos (10), a medio camino, sin comprometerse, igual que Navarra Suma (2), que hizo de portavoz del ecléctico grupo mixto. De hecho, no se sabe qué opina la CUP (2), los diputados de Teruel, Asturias y Cantabria, los dos canarios, el valenciano de Compromís y el gallego del BNG. Así que de las artes negociadoras de la ministra vasca dependen unos 30 votos de los que oficialmente solo necesitan 7, pero que le darían más legitimidad a esta séptima ley democrática.