El BNG marca distancias con Sánchez una vez superadas las elecciones

La celebración de las autonómicas gallegas marca también el fin del período de gracia que había dado el nacionalismo gallego al PSOE durante la campaña para no hablar del cumplimiento del pacto de investidura de Pedro Sánchez, consciente de que no era el momento de abrir tensiones en Galicia con quien podía ser su socio de Gobierno en la Xunta. Hasta el propio Besteiro, candidato del PSdeG y potencial socio del BNG en San Caetano, lo había calificado de «un bo acordo para a comunidade».

Pero ya han cambiado las tornas. El Bloque tiene en su hoja de ruta intensificar de forma inminente la presión sobre el PSOE para comprobar que se respeta todo lo firmado por Ana Pontón y María Jesús Montero el pasado 6 de noviembre en Madrid. Fue un acuerdo que el BNG y PSdeG firmaron juntos, pero que presentaron por separado, evidenciando la pugna de ambas formaciones por visualizar quién era la alternativa al PP en Galicia.

La clave ahora estriba en ver qué consignan los próximos presupuestos del Estado para dar cumplimiento a lo que figura en ese documento, especialmente en lo que concierne a las rebajas de los peajes de la AP-9 y la AP-53, un asunto de máximo interés y que siempre ha sido motivo de disputa en Galicia. En el anterior pacto entre socialistas y nacionalistas, en el 2020, ya incluyó los primeros descuentos. Esas rebajas —el trayecto de vuelta es gratuito— se incluyeron en las cuentas para el 2021, pero el BNG se abstuvo por las desavenencias con otras cuestiones como la cuantía de la inversión destinada a Galicia, algo que se le reprochó desde las filas socialistas.

«Nós sempre dixemos moi claro que o BNG ía ser a garantía para non ter un goberno de dereitas, pero se se incumpren os acordos con Galiza, que non conten con nós», explican fuentes del Bloque. Este es el trasfondo de la pugna en la reuniones celebradas en noviembre entre los dos partidos para firmar aquel pacto: mientras que los socialistas querían que se firmase un pacto de legislatura con el Bloque, los nacionalistas querían solo para la investidura, que fue lo que se terminó firmando. En las promesas sobre los peajes, de cuyo cumplimiento depende que el Bloque se presente ante la opinión pública gallega con un buen botín, se dice lo siguiente: «Novos descontos nas autoestradas AP-9 e AP-53. Incrementaranse os descontos para usuarios superrecorrentes (incluídos os vehículos pesados) na AP-9, do 20 % actual até o 50 %, equipararanse os descontos na AP-53 aos da AP-9».

El acuerdo para la investidura de Sánchez recoge la promesa de que cualquier cambio en el estatus de comunidad autónoma hacia una nacionalidad histórica se equipararía al alcanzado por otros territorios como el País Vasco o Cataluña. También que, «en caso de condonacións totais ou parciais da débeda adquirida por comunidades autónomas adheridas ao Fondo de Liquidez Autonómica», se dará lugar al «establecemento de medidas compensatorias análogas» para Galicia. Además de una mayor cesión de competencias regionales, la creación de cinco nuevos juzgados de violencia de género en Lugo, Ourense, Santiago, Pontevedra y Ferrol, y un plan de modernización de la red ferroviaria gallega.

En las filas nacionalistas advierten que las decisiones del BNG en el Congreso van a depender única y exclusivamente de que se cumpla con lo firmado. Es, en cierta medida, la misma estrategia anunciada por Pontón este lunes tras las elecciones gallegas, una vez reunida su ejecutiva en Santiago: tender la mano al PP para llegar a acuerdos parlamentarios que permitan mejorar la vida de los gallegos, algo que la propia Pontón ve difícil.