La Justicia quiere embargar bienes de EE.UU. por la muerte de Couso

?l juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer la busca y detención internacional de los tres militares estadounidenses imputados por el asesinato en Bagdad del cámara español de Telecinco José Couso. Además, el magistrado también ha solicitado a la fiscalía que informe sobre la posibilidad de proceder al embargo de bienes de la Administración de los Estados Unidos, con el fin de hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria derivada de una eventual condena a los militares. El magistrado adoptó esta decisión en una providencia hecha pública ayer, a petición del abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres. Éste requirió un millón de dólares a los tres militares, y la misma cantidad en concepto de fianza a la Administración estadounidense, como medida cautelar dirigida a la reparación e indemnización efectivas de las responsabilidades pecuniarias y civiles derivadas de la muerte del cámara. El suceso se produjo el 8 de abril del 2003 en el hotel Palestina de la capital iraquí, en el que se encontraba alojada la prensa internacional que cubría la invasión a Irak. Cuando las tropas estadounidenses llegaron a Bagdad, un tanque dirigido por el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson disparó contra la habitación de José Couso, causándole la muerte. También perdió la vida el reportero lituano de la agencia Reuters Taras Protsyuk. El 19 de octubre del 2005, Santiago Pedraz ya había ordenado la captura de estos tres militares, justificada con el objetivo de asegurar la presencia de los imputados en el proceso, «a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidense para el esclarecimiento de los hechos». Pero la decisión quedó sin efecto cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminó el 10 de marzo del 2006 el archivo de la causa, al considerar que se trató de «un acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado» y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos. Sin embargo, el pasado 5 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esta decisión y ordenó la reapertura de la investigación en la Audiencia Nacional, al considerar que esta instancia es competente para averiguar los hechos, porque la nacionalidad de Couso supone un plus de legitimación para la Justicia española. Pidió prisión Así, dispuso remitir la causa al instructor, que ayer reactivó vía Interpol las órdenes internacionales de detención. El abogado de la viuda solicitó la pasada semana al juez que volviera a ordenar estas detenciones y que decretara la prisión incomunicada y sin fianza de los militares, al entender que fueron ellos los que dieron la orden o dispararon, causando la muerte al periodista. La familia de Couso ha asegurado que si no prospera la extradición de los tres miembros del Ejército de EE.UU. recurrirá a otras instancias, como el Consejo de Seguridad de la ONU. El departamento de Justicia de los Estados Unidos rechazó la extradición judicial solicitada y alegó que el Comando Central ya investigó los hechos y concluyó que fue una respuesta justificada y proporcionada, y que las fuerzas de la coalición no cometieron ninguna falta ni negligencia.