Urkullu y Arzalluz dicen ante el juez que confían en la inocencia de Gorka Aguirre

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, y el ex presidente Xabier Arzalluz han dicho al juez Baltasar Garzón tener «absoluta confianza» en la inocencia del ex dirigente de ese partido Gorka Agirre, acusado de colaboración con banda armada por su presunta mediación en el pago del impuesto revolucionario.

Urkullu, Arzalluz y también el responsable del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, han declarado como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional en relación con la investigación que sigue sobre el aparato de extorsión de ETA y, en concreto, lo han hecho a petición de la defensa de Agirre, que ha pedido que se le retire la acusación.

Igualmente han prestado declaración el diputado del Parlamento vasco José Antonio Rubalkaba, la abogada Arantxa Isasmendi, que asistió a Agirre en su comparecencia ante Garzón el pasado 16 de mayo, y José María Zalbidegoitia, miembro del Euskadi Buru Batzar (Ejecutiva del PNV). Todos han defendido la inocencia de Agirre, que fue responsable de las relaciones internacionales del partido, quien «no hacía otra cosa que saber cuál era la realidad dentro de ETA» y luego se la hacía llegar a la dirección del PNV, ha asegurado Urkullu tras ser interrogado por el juez.

«Nos parece una aberración que se vea en este trance», ha dicho Urkullu, cuando él «ha sido uno de los que llevaba a cabo la máxima del PNV de no ceder a la extorsión de ETA». A su juicio, «no se sostiene en absoluto» la acusación que pesa sobre Agirre, no sólo porque ha dicho conocer su trayectoria sino «por lo que conocemos de la imputación».

Lo que Arzalluz ha explicado al magistrado es que la Policía confundió «sus idas y venidas» de la localidad francesa de San Juan de Luz, «con uno de ellos», en alusión a ETA, y le ha explicado que Agirre vivía allí y conocía a miembros de la banda armada y por ello se encargaba para el PNV de «recabar» información sobre la organización.

Si hubiera sido un intermediario de ETA, ha subrayado, «le hubiéramos echado del partido», pero no fue así y el ex presidente del PNV lo ha recalcado con la rotundidad del que dice conocer «hasta su marca de calzoncillos», ha comentado a los periodistas.

Arzalluz ha reconocido que la única vez que el PNV intentó mediar en una acción de ETA fue en el secuestro de Ángel Berazadi, quien apareció muerto el 7 de abril de 1976. Entonces, cuatro miembros del partido «nos reunimos con un grupo de poli-milis y fuimos tan ingenuos de exigirles que le soltaran en 24 horas y ni una peseta», pero al día siguiente la familia del empresario recibió una carta de ETA en la que les advertía de que «nada del PNV». Después de ese intento fallido de mediar «nunca volvimos a hacer nada», únicamente «orientar» y en el caso de Agirre se encargaba de comprobar la autenticidad de las cartas de extorsión que recibían los empresarios.

Agirre le aseguró a Garzón la semana pasada que «jamás» había actuado como mediador de ETA en el pago del impuesto revolucionario, ni había negociado con la banda armada y que siempre había recomendado «hacer frente al chantaje etarra».

En relación con la revisión de su situación procesal, también declarará mañana ante el magistrado Joseba Elosúa, imputado en el sumario genérico que investiga la extorsión de ETA y en el que está en situación de libertad bajo fianza por su delicado estado de salud. El próximo 27 de mayo lo harán el periodista Gorka Landaburu, que perdió varios dedos y la vista de un ojo en un atentado de ETA con paquete bomba en 2001, y su hermano Ander, también periodista.

Garzón tiene abiertas tres investigaciones en relación con el aparato de extorsión de ETA, una genérica que se centra en las cartas que ETA enviaba a los empresarios para reclamarles el «impuesto revolucionario», en la que están imputados Gorka Agirre y otra veintena de personas. También investiga el papel que desempeñaba en este entramado el bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún y propiedad de la familia Elosua, donde al parecer se citaban varios de los imputados en la causa.

Los otros dos sumarios se han separado del general y uno de ellos se refiere a las cuentas de la banda en el extranjero y el otro al llamado «chivatazo a ETA» que supuestamente alertó a la organización terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el 20 de junio de 2006, tres meses después del último alto el fuego declarado por la banda.