La Justicia española huye del jurado

La institución judicial del jurado popular vuelve a ser noticia en España. Esta vez, afortunadamente, no por un veredicto sorpresivo y desconcertante, como suele ser habitual, sino porque se está convirtiendo en un procedimiento marginal. Las estadísticas son elocuentes: el año pasado solo se celebraron en España 300 juicios con jurado, menos de los ordinarios que celebra una sola sección de cualquier audiencia provincial. Ello a pesar de que la legislación vigente impone este tipo de tribunal para una docena de delitos que van desde el homicidio consumado a la infidelidad en la custodia de presos, pasando por los de amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos entre otros.

Pero la realidad viene siendo bien diferente. Siempre que concurren varios delitos en el mismo acusado, los operadores judiciales -jueces, fiscales e incluso abogados- procuraban reconducir el proceso hacia un tribunal profesional, con el consentimiento implícito del Tribunal Supremo, que se justificaba con argumentos tales como que «no se alegó en el momento oportuno».

Este estado de cosas fue lo que llevó a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona a eludir el jurado en el juicio contra Pedro Jiménez García, un preso de permiso que en octubre del 2004 violó y asesinó en Hospitalet de Llobregat a dos jóvenes agentes de la Policía Nacional en prácticas, y luego las robó, profanó el cadáver de una de ellas e intentó prender fuego a la casa para borrar las huellas del crimen.

Su abogado recurrió en casación la condena de 83 años que le fue impuesta, alegando, junto a otros doce motivos, que se le había privado del derecho al juez natural predeterminado por la ley, en este caso el jurado popular.

Resoluciones contradictorias

La Sala Segunda del Supremo -integrada entre otros, por el magistrado Luciano Varela, autor del borrador de la Ley del Jurado- le dio la razón y el juicio ha de repetirse con un jurado. La decisión fue duramente contestada por la Fiscalía de Cataluña, argumentado que ese no era el criterio mantenido por el alto tribunal, que había dictado resoluciones contradictorias en casos similares.

Fuentes de la propia Sala Segunda del Supremo han reconocido a La Voz esa realidad y por eso la sentencia hecha pública el pasado jueves pretende ser «una llamada de atención a la interpretación que se está haciendo de la ley en muchas audiencias, con el beneplácito de la propia Sala Segunda».

Las mismas fuentes añadieron que «la ley está ahí, o se aplica o se modifica, porque la Constitución posibilita la existencia del jurado popular, pero no lo impone».

Que existe un rechazo generalizado hacia el jurado es opinión generalizada en medios judiciales. Que esa desconfianza es crónica, también. ¿Por qué? Argumentos no faltan: el jurado es caro, ralentiza los procesos y genera inseguridad por la reiteración de veredictos sorpresivos y desconcertantes.

«El origen de este rechazo -apunta Jesús García Calderón, fiscal jefe del TSJ de Andalucía- es que el jurado llegó a España tarde y a destiempo».