El PSC cuestiona el funcionamiento del Constitucional

Los partidos catalanes han empezado a tomar posiciones ante la posibilidad de que la sentencia del Tribunal Constitucional prevista para otoño anule aspectos fundamentales del Estatuto, como la consideración de Cataluña como nación y la obligatoriedad de la lengua propia.

La portavoz adjunta del PSC en el Parlamento catalán, Carme Figueras, aseguró que el alto tribunal «no debería tener opción» de cambiar una ley aprobada en referendo, aunque precisó que debe aceptarse este «marco legal vigente». Por su parte, el presidente de la Cámara, Ernest Benach, de ERC, manifestó que una de las muchas respuestas que puedan dar las instituciones catalanas a un hipotético fallo negativo es una «actividad frenética de despliegue del Estatuto». Añadió que si retocan o reinterpretan aspectos del texto, eso puede llevar a una «crisis de Estado importantísima». Benach apeló a las fuerzas políticas a olvidarse de la proximidad de las elecciones catalanas, previstas para el 2010, y sellar un «gran pacto» en defensa del Estatuto. «Nos avala moralmente un referendo», concluyó. «Si el Estatuto, que es la ley más importante que tiene este país, es cuestionado, la primera autoridad del país, que es el presidente de la Generalitat, debe reaccionar y ponerse al frente», sentenció el republicano.

El PP pidió al presidente de la Generalitat, José Montilla, que convoque una cumbre de líderes catalanes cuando se conozca la sentencia y reclamó que el vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira abandone el Gobierno. Así lo declaró Alicia Sánchez-Camacho, quien argumentó que esa reunión debería ser «constructiva» y tendría como objetivo fundamental acordar el desarrollo reglamentario de esa ley orgánica atendiendo a las consideraciones del Tribunal Constitucional. La representante popular dijo que los planteamientos «radicales» y «fuera de tono» que han hecho otros partidos responden a que saben que el Estatuto contiene «aspectos inconstitucionales». Por eso, le pidió que abandonen esa actitud, y a Montilla que se comprometa públicamente a aplicar el fallo «en su integridad».

Dimisión de Carod-Rovira

Además, señaló que la propuesta de Carod-Rovira, expresada como presidente en funciones de la Generalitat, de convocar una manifestación antes de conocer la sentencia hace que sea una «necesidad y una urgencia que deje sus responsabilidades en el Gobierno».

Mientras, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aconsejó al Gobierno que «trabaje para imponer la sensatez» en relación a la resolución del Constitucional de los recursos contra el Estatuto. «Al Gobierno debe preocuparle que una institución tan importante como la Generalitat advierta de que va a adoptar una posición tan antidemocrática como no respetar lo que establecen los tribunales y no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional», afirmó.

El secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, aseguró, por su parte, que las autoridades catalanas no están para «liderar reacción ninguna» a la sentencia, sino que deben «acatarla». En todo caso, se mostró convencido de que será «favorable a la constitucionalidad del texto» y, por eso, añadió que los socialistas no tienen «ningún miedo a ninguna reacción». «Estamos convencidos de que el Estatuto catalán que aprobó tanto el Congreso como el Senado, como el Parlamento catalán y como la sociedad catalana es constitucional», señaló.