El PP propone que se dote de una protección especial a los funcionarios que delaten casos de corrupción

El PP quiere dar ejemplo en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal y propone un pacto político que, ente otras medidas, incluya la mejora de la protección de los funcionarios o empleados públicos que delaten a los corruptos y den a conocer actividades fraudulentas. Para evitar abusos, a esta medida se añade el endurecimiento de las penas por denuncias falsas. Esta es una de las muchas iniciativas que aprobó la Intermunicipal popular ayer en su reunión de Sevilla, entre las que también se incluyen otras reformas administrativas, políticas y penales que refuercen los controles y prevengan irregularidades de políticos y funcionarios.

El rosario de propuestas, que Mariano Rajoy propondrá al resto de fuerzas políticas el próximo lunes, busca «dignificar la vida política» porque, como dijo la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en el debate quienes ostentan cargos públicos deben «dar ejemplo permanentemente de honradez y transparencia». «Si uno se dedica a la política -añadió-, las relaciones personales hay que cuidarlas» y, en clara referencia al caso Gürtel, advirtió que «si no quieres que hablen en tu nombre, hay que ser muy discretos».

El documento del PP contempla diversas soluciones para mejorar la eficacia de la lucha contra los comportamientos indeseables, como la obligación de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por cargos municipales. Se propone también que los políticos acusados por este tipo de delitos y en prisión provisional tengan que dejar sus cargos y se les aplique el supuesto de incompatibilidad sobrevenida durante todo el tiempo que estén encarcelados, aunque no exista sentencia condenatoria. Aunque el texto, que se verá ampliado con nuevas iniciativas que dará a conocer Rajoy hoy, incluye tanto reformas legales como compromisos políticos entre los partidos.

El voluminoso paquete de propuestas está dedicado a garantizar el funcionamiento del Pacto Antitransfuguismo que, a la vista de la experiencia de los últimos años, se ha convertido en papel mojado. Pons relacionó este fenómeno con la corrupción y aseguró que «sin los tránsfugas, la vida municipal sería mucho más sana». El PP también propone reforzar la objetividad de los contratos de los ayuntamientos y diputaciones, con la aplicación de un mayor control en los trámites.