Zapatero y Rajoy negocian directamente la reforma de la constitución

El PSOE y el PP apuran las últimas horas para pactar una propuesta de reforma constitucional que establezca una disciplina fiscal sin incluir ningún tope de déficit, en función de una propuesta efectuada por el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, aceptada por el Partido Popular.

El plazo para presentar una proposición de ley conjunta expira mañana, cuando cierre el registro del Congreso, para que haya tiempo de que se tramite por la vía de urgencia y en lectura única la próxima semana.

Tras las voces críticas surgidas en el PSOE por este tema, Rubalcaba decidió ayer tomar las riendas de la negociación con el PP y hoy ha propuesto una fórmula para que en la reforma se hable de disciplina de gasto, pero sin incluir cifras de límite de déficit, que se fijarían en una ley orgánica posterior.

Fuentes del PP han reiterado a Efe su disposición para llegar a un entendimiento, «aunque sea sin incluir una cifra».

Las mismas fuentes han recordado que quien había planteado una cifra para incluirla en la Carta Magna era el Gobierno, no el PP, por lo que han emplazado a Rubalcaba a ponerse de acuerdo con el Ejecutivo en este sentido.

De hecho, el PP sostiene que las negociaciones las llevan directamente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy.

La coordinadora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha restado importancia a la división interna, un hecho «relativamente grave», en la medida en que es comprensible que se haya generado un debate sobre esto, y más en un partido como el suyo, «que debate abiertamente».

En principio, la fórmula sugerida por Rubalcaba ha sido acogida con buenos ojos entre las filas socialistas, algunos de cuyos diputados se habían cuestionado la conveniencia de introducir constitucionalmente una regla de gasto.

La receta del candidato socialista, según varios diputados del PSOE, permitirá controlar el déficit sin poner en riesgo las políticas sociales en coyunturas económicas adversas.

Uno de los «padres» de la Constitución, el ex presidente del Congreso Gregorio Peces Barba, ha respaldado en declaraciones a Efe la reforma, pero siempre que se incluyan límites que impidan recortes en educación, sanidad y protección social.

Si se aprueba sin esos «matices», a su juicio, el PP podría «entrar a saco» en asuntos como el copago sanitario o la Seguridad Social si llega al Gobierno.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, por su parte, ha hecho un llamamiento a los diputados socialistas para que rompan la disciplina de voto y se opongan a una reforma que, en su opinión, «consagra el interés de los mercados y no el de la ciudadanía».

Mientras tanto, casi 62.000 personas han firmado ya el manifiesto promovido a través de las redes sociales para reclamar que este cambio constitucional sea sometido a referéndum.

De esa posibilidad ha hablado la encargada de la ponencia política del PSOE, la ex ministra Cristina Narbona, quien ha subrayado que esta opción «existe» y que su celebración dependerá de que se alcance un «amplio» consenso parlamentario.

Quien tiene muy claro que un referéndum acarrearía más problemas de los que resolvería es el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar.

También lo ha rechazado la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, con el argumento de que se trata de una reforma «muy técnica» como para convocarlo.

Aprovechando este debate, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha adelantado que los nacionalistas vascos pedirán que también se incluya en la reforma el derecho de autodeterminación.

Desde el ámbito autonómico, al que también afectaría esta disciplina fiscal, los presidentes de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), La Rioja, Pedro Sanz (PP), y Canarias, Paulino Rivero, han apostado por la flexibilidad.

Fuera de la política, CCOO y UGT han exigido un referéndum y han mostrado su «firme rechazo» a la reforma, frente al «completo apoyo» expresado por las patronales CEOE y CEPYME.