Garzón rechaza frontalmente una sentencia «injusta»

«Rechazo frontalmente la sentencia», comienza un comunicado hecho público anoche por Baltasar Garzón, quien argumenta que lo hace «por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada». Garzón y su abogado, Francisco Baena Bocanegra, se encontrarán en breve para analizar juntos la sentencia y preparar el recurso ante el Tribunal Constitucional, y llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El propio Garzón, admitieron fuentes cercanas al condenado, se mostró pesimista sobre el éxito de una apelación, al menos ante el tribunal español, muy reacio a dar la razón a los que alegan violación de derechos fundamentales cuando el condenado lo ha sido en el Supremo en primera instancia.

Baena Bocanegra reconoció que su patrocinado está «muy afectado y muy dolido», incluso «desolado, abatido, desconsolado y destrozado» tras conocer que «una vida entera dedicada a la justicia se ha terminado». Así lo manifiesta en su nota, en la que señala: «He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción; lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía; en este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas».

Abre espacios de impunidad

Además de reivindicar su carrera profesional, Garzón carga contra el juicio que ha supuesto su expulsión de la carrera judicial. «Mis derechos -argumenta- han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado solo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses».

Rechaza el argumento central de la sentencia condenatoria, de que ha vulnerado el derecho a la defensa de los imputados, señala que el tribunal se inventa la prevaricación y concluye que la «sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España».