La litigiosidad cae en España por segundo año consecutivo

Los cambios en marcha dentro de la Administración de Justicia están empezando a dar resultados, pocos positivos. El año 2011 la tasa de litigiosidad (número de asuntos que ingresan en los tribunales por cada 1.000 habitantes) descendió, por segundo año consecutivo, casi un 4% después de haber registrado notables alzas en los dos anteriores. Así se desprende del informe anual La Justicia, dato a dato, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial y concluido hace semanas (en plena crisis de los viajes del ya expresidente Carlos Dívar), pero que no se hizo público hasta ayer.

A finales del año pasado el número de asuntos en trámite había caído un 9 % y las proyecciones de los datos del primer semestre de este año apuntan que seguirá cayendo hasta el 11%. En cifras absolutas, el número de asuntos ingresados sigue siendo muy alto, ya que supera los nueve millones. El de resueltos fue ligeramente superior (9.143.077) y el de pendientes aún supera los tres millones.

Por comunidades la tasa de litigiosidad es desigual. La más alta se registra en Andalucía (21,2%) seguida de Madrid (15,6%), Cataluña (15,3 %) y Valencia (11,5 %), mientras La Rioja presenta la más baja, al no pasar del 0,5 %. Galicia se halla en la zona media, con el 5, 6 %.

La tasa de asuntos pendientes es homogénea en todas las comunidades, en ninguna pasa del 0,3 por mil. La de resolución es idéntica en todas y la de congestión oscila entre el 1,2 de Navarra y Aragón y el 1,5 de Murcia.

La crisis que atraviesa el país también se refleja en la Justicia. En el primer trimestre de este año han descendido un 25% los procesos monitorios -los que no no necesitan abogado y procurador- y las reclamaciones de cantidad (un 6 %), mientras subieron un 20 % los concursos de acreedores y un 10 % los juicios por despido.

Divorcios y separaciones

La ligera bajada que registran los procesos por separación y divorcio y el incremento en un 15% de las vistas por modificación de las cláusulas económicas de divorcios y separaciones ya consumados también están directamente relacionados con la pésima coyuntura económica.

Tampoco son ajenos al difícil contexto los descensos que se registran en las partidas económicas destinadas a la Justicia por las distintas Administraciones con competencias en la materia. La caída global a nivel nacional ha sido del 4,3 %, ya que pasó de 3,89 millones de euros en el 2010 a 3,72 en el 2011. De este presupuesto global, las autonomías gestionan el 56 %; el ministerio, el 42 %; y el Consejo General del Poder Judicial, el 2% restante.

Las comunidades que más han bajado el presupuesto destinado a Justicia han sido Asturias, Navarra, Canarias, Galicia -12,4%- y Castilla-La Mancha. Solo dos comunidades (País Vasco y Cataluña) destinan más de 70 euros por habitante a la Administración de Justicia.

Con cargo al citado presupuesto, el Estado ha pagado el ejercicio pasado casi cuatro millones de euros por responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.