Un inspector de policía al servicio de Gao Ping amenazó a un arrepentido con enviarlo a China para que lo fusilaran

La organización de blanqueo de capitales de Gao Ping presumía de una gran facilidad para comprar funcionarios, según se revela en las conversaciones intervenidas a varios de los implicados y que recoge el sumario. Según la investigación, la red disponía del favor de policías locales de Fuenlabrada y Leganés. También se señala «la vinculación directa de muchos de estos ciudadanos chinos con los responsables del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid».

Uno de ellos es el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez, quien habría llevado a cabo labores de intimidación a favor de la trama. Según un testigo que fue interrogado en la cárcel por las fuerzas de seguridad, este policía tras detenerlo le dijo que «la persona que le había denunciado era muy poderosa» y tenía un abogado que lo iba «a joder». También asegura que en una visita posterior en prisión Gómez amenazó con enviarlo a China «para hacer que lo fusilaran» sino devolvía un supuesto dinero que habría robado a la red.

El otro agente es Federico Sánchez Frutos, un inspector destinado en la actualidad como responsable de seguridad de un ministerio, podría haber recibido a modo de compensación de un miembro de la comunidad china de Cobo Calleja un local comercial para instalar en él una tienda de venta de vino.

Entre los políticos, el sumario señala como uno de los principales contactos al edil socialista de Fuenlabrada José Borras. La investigación apunta ayudas mutuas, que en su caso incluía facilidades en obtener licencias de apertura o tramitación de multas. En contrapartida, él habría recibido trato de favor en los locales de la red, entre ellos el restaurante Buena Costa, cuya planta superior se sospecha cree que era utilizada «para lo que denominan masajes, encubriendo un delito de prostitución».

La policía atribuye al actor porno Nacho Vidal un papel relevante en la estructura de Rafael Pallardo, considerado por Anticorrupción como uno de los ciudadanos no chinos de mayor relevancia en la trama. Se acusa a Pallardo de «planificar, desarrollar y materializar» los envíos de dinero a China «fuera de los cauces legalmente establecidos» por valor de al menos 14 millones. A cambio de estas gestiones habría recibido 180.000 euros.